Exigen respeto a los derechos humanos en México

Organismos humanitarios hacen un llamado a garantizar el respeto a los DH y cumplir con la Constitución y los instrumentos internacionales.

 MVS

México, D.F., 9 de junio del 2014.- Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, tuvieron que esperar seis años para lograr una reparación insuficiente, que aún el Ejecutivo se niega a cumplir. El Poder Judicial ha sido renuente en torno a la tortura denunciada por Claudia Medina.

Este martes 10 de junio del 2014, se cumplen tres años de la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, que trasformó el sistema de protección de derechos humanos y que representó el cambio constitucional más importante en décadas para la protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, también suman tres años de retos «significativos» para su debida implementación y vigencia, destaca el Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez» (Centro Prodh) y desde la experiencia de defensa de casos ven «con preocupación» la  la resistencia sistemática del Poder Judicial «a juzgar con una perspectiva que incorpore los más altos estándares de derechos humanos.»

Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) definió que las normas de derechos humanos de los tratados internacionales y las de fuente constitucional conforman una red de derechos que están al mismo nivel sin relación de jerarquía, «este criterio no ha permeado a una gran mayoría de los operadores judiciales» por el contrario, «se niegan a implementar la reforma en sus competencias y jurisdicciones.»

En su alerta, el Centro Prodh ejemplifica con el caso de Claudia Medina Tamariz (respaldado por Amnistía Internacional y propio Centro Prodh) en el que el Poder Judicial de la Federación», fue renuente a atender a sus obligaciones en torno a la tortura, pese a la evidente vinculación con la única prueba originada en este marco de ilicitud y de violaciones a sus derechos humanos; por otro lado, resistiéndose a aplicar las disposiciones de la Ley de Amparo a fin de proteger efectivamente su integridad y libertad, así como a aplicar el parámetro de control constitucional y convencional respecto del Código Penal Federal y el de Procedimientos Penales.

El Centro Prodh considera que desde el Poder Legislativo «se intenta acotar y desnaturalizar el alcance de la reforma; diversas iniciativas han buscado introducir una jerarquía entre constitución y tratados internacionales de derechos humanos, en una pretensión regresiva de la reforma; o bien acotar la interpretación judicial respecto del control de constitucionalidad y convencionalidad.»

Al mantenerse «omiso» en legislar sobre la obligación de reparar las violaciones a derechos humanos por parte de los agentes del Estado, ha traído procesos «extenuantes» para las víctimas que como Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, quienes «tuvieron que esperar seis años para lograr una reparación insuficiente, que aún hoy el Ejecutivo se niega a cumplir».

Cabe recordar que la reforma de derechos humanos de 2011 modificó 11 artículos de la Carta Magna y transformó la esencia de la Constitución, al reconocer los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Asimismo estableció la obligación de todas las autoridades del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos; a los juzgadores del país en Centro Prodh les llama a respetar y garantizar el pleno respeto a los derechos humanos y con ello cumplir con los ordenamientos constitucionales y los contenidos en los instrumentos internacionales. Queremos confiar en su compromiso con los más altos estándares que son el complemento perfecto de la “autonomía judicial”. Sólo en un país donde se garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos –tarea primordial de los jueces, magistrados y ministros–, podremos percibir que en verdad comenzamos a caminar hacia el respeto y la justicia, concluye el posicionamiento den Centro Prodh.

 

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