ZEE amenaza derechos de pueblos indígenas en el Istmo

Citlalli López

OAXACA, Oax. El establecimiento del Istmo como Zona Económica Especial amenaza los derechos de los pueblos indígenas de esta región por la llegada de grandes empresas trasnacionales y extranjeras. Así lo advirtió Juan Antonio López Cruz, coordinador de Justicia Trasnacional en el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales AC (ProDes).

«La declaración de Zona Económica  en el Istmo, es precisamente con la finalidad de que las empresas entren ahí, sino hay regulación  y respeto de las empresas, las violaciones que sde vana dar son tremendas, de por sí podemos empezar a ver un despojo a la propiedad de la tierra de las comunidades indígenas, lo que se viene con todas las reformas que se vienen a partir de 2012 a la fecha, es fuertísimo, el despojo se va a ir acrecentando», declaró.

López Cruz indicó que lo anterior no significa que abrir una Zona Económica Especial para la generación de empleos sea negativo siempre y cuando las empresas garanticen el respeto de los derechos humanos en el sentido de consulta a la población, en el aspecto medioambiental para mitigar efectos, respetando usos y costumbres, sus zonas tradicionales religiosas.

Actualmente -recordó- existe un acompañamiento en 23 demandas de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario sobre los contratos de la empresa Desarrollos Eólicos de México (Demex) por intento de despojo de tierras.

De visita por Oaxaca, Juan Antonio López Cruz, informó que en estos días podría salir la resolución, que de ser favorable a los comuneros sentaría un precedente histórico.

Las pruebas aportadas en la solicitud de nulidad son los contratos civiles firmados por tres notarios públicos de Juchitán. Éstos avalaron escrituras públicas de propiedad privada a pesar de que las tierras son de índole social.

Las escrituras ante el Registro Público de la Propiedad vienen desde el 2009 a la fecha, años posteriores a la llegada de las eólicas pero a la par también continúan en el registro agrario como tierras de corte social.

Las demandas de nulidad fueron promovidas al encontrar evidencias que apuntan a un intento de despojo de la empresa eólica Desarrollos Eólicos de México (Demex), filial española, a través del cambio ilegal de propiedad al pasarla de comunal a privada.

Las evidencias en poder de ProDESC fueron entregadas al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU durante su visita a México para conocer de las violaciones en las que ha incurrido el Estado Mexicano sobre los pueblos y comunidades indígenas y su derecho a posesión de la tierra y de su territorio.

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