Ilustración
Citlalli López

OAXACA, Oax. El visitador general de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Juan Rodríguez Ramos señaló que el 60 por ciento de las quejas relacionadas con el acceso al agua tienen de fondo la utilización del vital líquido como forma de control y castigo.

Aunque el acceso al agua es un derecho constitucional, en decenas de comunidades de Oaxaca hay casos documentados donde utilizaron este recurso como una herramienta de control, castigo y venganza en contra de quienes -a juicio de las autoridades- violentan una norma, actúan en contra de los intereses de la autoridad en turno o sobre las comunidades vecinas en un conflicto agrario, político o social.

“Este tipo de quejas son presentadas por personas que viven en comunidades que se rigen por sistemas normativos internos, muchas veces la suspensión del servicio es un castigo; nosotros tratamos de conciliar con la autoridad”, declaró Rodríguez Ramos.

Uno de los expedientes de la Defensoría que da cuenta de este hecho es el marcado con el 1392/2012, contra la autoridad municipal de la agencia San Lázaro, Etla, la cual suspendió los servicios de agua potable y drenaje a una familia en diciembre de 2011, como castigo porque uno de sus integrantes perdió documentación importante para la comunidad.

Otro caso documentado por los medios de comunicación fue el ocurrido a principios de abril de 2017 en San Sebastían Atatlahuca, Mixteca, en donde la autoridad municipal cortó el agua a un grupo de mujeres que impugnaron ante la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el proceso de elección para reclamar su derecho a ser votadas.

Rodríguez Ramos indicó que los motivos más frecuentas en los que la autoridad municipal justifica la cancelación del servicio del agua potable es la inasistencia a tequios o falta de cooperaciones para fiestas patronales.

 

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