Congreso de Oaxaca
Jaime Guerrero

OAXACA, Oax. La presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales del Congreso del estado, Eufrosina Cruz Mendoza, confirmó que modificarán el dictamen de reforma constitucional que recientemente aprobó ese órgano legislativo colegiado y darán marcha atrás para dejar firme la figura del juicio político, que presuntamente habían derogado.

En tanto, la eliminación del fuero a los servidores públicos de los tres poderes y organismos autónomos, entre ellos, al gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, queda firme.

Por pifia o “presunta encomienda política”, José Antonio Álvarez, secretario técnico de la Comisión de Estudios Constitucionales, además de plasmar en el dictamen de reforma constitucional la eliminación de la figura de fuero en servidores públicos, plasmó la eliminación del artículo 117 Constitucional y con ello, la figura del juicio político contra éstos, lo cual beneficiaría al exgobernador Gabino Cué Monteagudo.

Fue el pasado 3 de agosto, cuando integrantes de la Comisión de Estudios Constitucionales aprobaron y firmaron el dictamen por el que se derogan y reforman artículos de la Constitución, para eliminar el fuero del que actualmente gozan las funcionarias y funcionarios de Oaxaca.

También derogaron los artículos 59, 115,116, 117, 118, 119 y 121; lo mismo se reformó el artículo 123 de la Constitución Política del Estado. No obstante, el dictamen aún puede ser modificado antes de ser sometido al pleno del Congreso.

Tras la polémica generada por derogación del 117 constitucional, que daría paso a la eliminación de la figura del juicio político, Cruz Mendoza, afirmó que no procederá esa modificación y negó pacto con el exmandatario para beneficiarlo en el cual procedimiento que se le sigue al seno de la Comisión Instructora.

Aclaró que el Juicio Político, que solo derivaba en una sanción administrativa posiblemente a Cué Monteagudo, está en manos de la Comisión Instructora, la cual tiene menos de cuatro meses para actuar, debidamente notificado.

“Se adiciona un párrafo o medio párrafo al artículo 123, dice que en los delitos del orden común y violación de las leyes federales y del estado, -el Ejecutivo adiciona-, los servidores públicos señalados en el 115 de esta Constitución no gozarán de protección constitucional alguna, pudiendo en consecuencia proceder contra ellos ante la Fiscalía General del estado”.

Cruz Mendoza, dijo que la ciudadanía hoy demanda, además de sanciones penales, que los ex funcionarios se lleven lo que robaron, para ello tendría que actuar la Fiscalía y la Auditoria Superior, con procedimientos legales y adecuados.

 

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