María de las Nieves García Fernández, presidenta de la Jucopo en la 63 Legislatura/Foto: archivo Jorge Luis Plata
Jaime Guerrero

OAXACA, Oax. La coordinadora de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la 63 Legislatura, María de las Nieves García Fernández, confirmó que el aún titular de la Auditoría Superior del Estado, Carlos Altamirano Toledo, pidió que le pagaran sus salarios no devengados a cambio de aceptar la remoción de su cargo, y ante la negativa se fue al recurso de amparo ante el Poder Judicial de la Federación, para controvertir la reforma constitucional que da paso a su remoción al frente de la ASE.

La legisladora local, calificó como una gran incongruencia del auditor superior al recurso de amparo, “porque sabe que los diputados de la 63 Legislatura, lo que hicimos no fue nada más cambiar el nombre de la ASE a Órgano Superior de Fiscalización, también se le dotaron de mayores facultades y se le dieron otras funciones, así mismo se modificó la estructura autónomo.

García Fernández, aclaró que Altamirano Toledo, no será removido del cargo por ser él, sino porque hay un nuevo órgano y nuevas funciones.

Asimismo destacó que la reforma constitucional no contraviene las leyes primarias y secundarias.

Reveló entonces que Altamirano Toledo, a través del diputado del PRI, Gustavo Marín Antonio, integrante de la Comisión de Vigilancia del Congreso, trató de negociar su salida, a cambio de que le cubrieran su aguinaldo, prestaciones y otros salarios este 2017 y hasta agosto el 2018.

Al ser rechazada su petición, para frenar su cambio, el pasado lunes 9 de octubre presentó un recurso de amparo contra la 63 Legislatura, bajo argumento de que la reforma fue anticonstitucional.

“A través de alguno de los diputados integrantes de la Comisión de la Auditoría trató de negociar su salida, él si estaba de acuerdo, tengo entendido, con su salida, solo que negoció la posibilidad de que le cubrieran su salario, sus prestaciones, su aguinaldo de este año, parece que también pidió que le hicieran lo mismo con el próximo año, ante esta negativa por parte de su exigencia, me imagino que por eso metió este amparo”, declaró García Fernández.

De acuerdo con la información contenida en la página de la ASE, la remuneración mensual bruta de Carlos Antonio Altamirano es de 50 mil 087 pesos, con una remuneración neta de 35 mil 966.18 pesos y un sistema de compensación por 73 mil 301 pesos.

La legisladora local indicó que a pesar del amparo interpuesto, la pretensión económica del perredista no será cumplida, tanto por no ser legal como porque las modificaciones sobre las cuales se amparó el titular de la ASE, no son anticonstitucionales.

García Fernández, señaló que el actuar del todavía titular de la ASE, se caracterizó por la opacidad y encubrimiento.

Afirmó que el amparo presentado no entorpece el proceso de selección de los integrantes del nuevo órgano, y anunció que habría revisión a su desempeñó y con las nuevas disposiciones legales, por lo cual podría ser llamado a cuentas.

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