Citlalli López

OAXACA, Oax. El Instituto de la Naturaleza y la Sociedad Oaxaqueña (INSO), señaló que si bien los decretos de reserva de agua no establecen de manera concreta la palabra privatización, hay elementos de sospecha sobre la eventual utilización del agua para uso particular.

El presidente del INSO e integrante del Foro Oaxaqueño del Agua (FOA), Juan José Consejo Dueñas explicó que los decretos están fundados en la Ley de Aguas Nacionales de 1992, la cual tendría que haberse modificado a la par del reconocimiento del agua como derecho humano establecido en el artículo cuarto constitucional durante el 2012.

El artículo transitorio obligaba a la creación de una nueva Ley de Aguas, la cual ha sido múltiplemente objetada porque no corresponde al manejo actual del elemento vital.

El especialista en el tema precisó que hay una tendencia que se expresa en la propia ley y sus modificaciones. En ésta se incorporaron elementos que lo que hacen es reforzar el régimen concesional, es decir un mecanismo de asignar los derechos de agua.

“No son decretos de privatización, eso es cierto, pero los elementos que contienen si son dignos de preocupación, lo que esta de fondo es una manera distinta de ver el agua. De un lado, quienes la concebimos como un bien común y que exigimos que en su gestión corresponde más y más a la sociedad; o quienes suponen que es algo que administra el Estado y en donde cada vez hay una participación más grande del sector privado”.

En las modificaciones realizadas hasta el 2004, la Ley General de Aguas ignoraba los derechos de las comunidades y ejidos de los pueblos originarios e “iba en el claro sentido de la privatización”, declaró.

Mediante la ley vigente la Conagua puede emitir títulos de concesión independientemente del régimen legal de tenencia de la tierra y los derechos comunitarios, así, por ejemplo, la instancia puede decidir sólo con base a un estudio técnico sin necesidad de preguntar a la localidad si se puede emitir una concesión o no.

En el cuerpo de los decretos, incluidos los considerandos no establecen que las aguas de los ríos superficiales se privatizarán, “pero la manera en la que están planteados, el momento en el que ocurre y las posibles consecuencias, si levantan señales de alarma, indicó Consejo Dueñas.

 

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