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Jaime Guerrero

OAXACA, Oax. La Secretaría de Finanzas del gobierno del estado realizaría el cobro indebido del 2.5 por ciento por concepto de derechos por los servicios de supervisión de obra a los municipios del estado que fueron beneficiados con recursos federales del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas, Fondo para el Fortalecimiento Financiero del Presupuesto de Egresos de la Federación, tanto del Ejercicio 2017 y 2018, para realización de obra pública.

Por lo pronto, la 63 Legislatura alista una excitativa al gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, para que instruya al secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro, para que investigue y sancione ese presunto cobro indebido por concepto de derechos por los servicios de supervisión de obra que realiza la Secretaría de Finanzas.

Asimismo, como resultado de las investigaciones y en uso de las atribuciones que le confiere la Ley de Responsabilidades Administrativas a la Secretaría de la Contraloría, determine las responsabilidades administrativas a las que hubiere lugar y promueva las acciones legales ante las autoridades correspondientes e informe al Poder Legislativo.

En el documento oficial, establece que Oaxaca ha sido uno de los estados que ha recibido recursos federales para sus municipios, los cuales se han etiquetado en el ramo general 23, por lo tanto, el ejercicio de este fondo queda sujeto a la normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Esa dependencia emite los lineamientos de operación del Fondo de Fortalecimiento Financiero y realiza el convenio para el otorgamiento de subsidios que celebran por una parte el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, estableciendo que la entidad federativa para efecto de transferir los recursos será a través de la Secretaría de Finanzas.

Posteriormente el gobierno de Oaxaca a través de Finanzas realiza el Convenio de Coordinación para la entrega de subsidios con los municipios que fueron beneficiados con recursos federales a través de su autoridad municipal, sin embargo, la Secretaria de Finanzas requiere mediante oficio a los municipios la falta de evidencia documental del pago del entero por concepto del pago de derechos del 2.5 por ciento de supervisión y vigilancia de las obras, manifestando que la obligación de dicho pago de derechos se encuentra contemplada en el artículo 56 de la Ley Estatal de Derechos.

Para los legisladores, si el municipio realiza la retención estaría incurriendo en un cobro indebido de una contribución toda vez que la Ley Estatal de Derechos establece que los contratistas que celebren contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, con dependencias y entidades, pagarán sobre el importe total de la contratación sin incluir el importe al Impuesto al Valor Agregado, el 2.5 por ciento por los servicios de supervisión.

En el caso de los recursos federales, el municipio no es sujeto obligado de realizar retención, ya la Ley Estatal de Derechos solo establece que cuando los contratistas celebren contratos de obra pública y servicios, con dependencias y entidades, pagarán sobre el importe total de la contratación sin incluir el importe al Impuesto al Valor Agregado, en virtud de que el contratista no realiza la contratación directamente con dependencias y entidades, lo hace a través del municipio quien es la instancia ejecutora.

 

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