Alistan reforma para incautar bienes a funcionarios

Jaime
Guerrero

OAXACA, Oax. Una vez recibida la minuta del Senado de la República, diputados de Oaxaca, alistan la aprobación de la reforma federal de extinción de dominio en la entidad, para incautar bienes de funcionarios, productos de la corrupción.

Actualmente la reforma al Código Penal, el Código Fiscal; así la aprobada la Ley de Extinción de Dominio, por parte de la 63 Legislatura, para tipificar el delito de peculado, abuso de autoridad, lavado de dinero y operaciones de recursos de procedencia ilícita, que dará paso a incautar bienes y recursos obtenidos de manera ilegal a funcionarios públicos o ciudadanos, no puede ser aplicada, al no publicarse en el Periódico Oficial del estado.

Por lo pronto, en la sesión del pasado 9 de enero, la 64 Legislatura, recibió la minuta con Proyecto de Decreto, enviada por el legislativo federal, por el que se reforman el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de la Constitución en materia de extinción de dominio.

Al respecto la presidenta de la Comisión de Estudios Constitucionales, Delfina Guzmán Díaz, anunció que ya alistan el dictamen para que Morena apruebe dicha iniciativa y cumplir con el requisito de validez señalado por el Artículo 135 de la Constitución federal y en su momento el Congreso de la Unión realicé la declaratoria correspondiente.

La morenista señaló que con esta reforma propuesta por Morena se replantea la figura de la extinción de dominio y se propone que sea imprescriptible y surta efecto sobre bienes que sean objeto de actos de corrupción o de actividades ilícitas. A partir de lo anterior, se busca establecer que el Estado pueda recuperar los bienes producto del robo por parte de funcionarios públicos.

El objetivo de la homologación, agregó, es el combate a la corrupción ya que parte de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata, que ya contempla la ley, se agregan los delitos de corrupción, el encubrimiento, delitos cometidos por los servidores públicos, extorsión y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

En tanto, la reforma al Código Penal establecida por la anterior Legislatura se estableció que quien incurra en el delito de Lavado De Activos, es decir, lavado de dinero, se impondría de 5 a 15 años de prisión y de 1 mil a 5 mil días multa al que, por sí o por interpósita persona, convierta, transfiera o transporte recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de actividad delictiva.

Las penas se ejecutarían a quien adquiera, posea, tenga, custodie, utilice, administre o invierta recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de delito proceden o representan el producto de actividad delictiva, y oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad, titularidad o beneficiario final de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de actividad delictiva.

Las penas se duplicaran, si la conducta es cometida por servidores públicos encargados de prevenir, detectar, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos o ejecutar las sanciones penales, así́ como a los ex servidores públicos encargados de tales funciones que cometan dicha conducta en los dos años posteriores a su terminación.

Además, se les impondrá inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. La inhabilitación comenzará a correr a partir de que se haya cumplido la pena de prisión, entre otras penas. Sin embargo esta reforma aun no puede ser aplicable debido a  que aun no se ha publicado en el Periódico Oficial del estado.

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