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Ashlei Espinoza Rodríguez

VERACRUZ. Para aquellos que han tenido la dicha de saber qué fue de ti y de encontrarte, el dolor es el mismo, pues nada podrá traerte de vuelta. Para aquellas que no tienen esa dicha/martirio, la lucha continúa. Jamás podrán olvidarte.

Nosotros, tú, ustedes, ellas, ellos, jamás volverán a negar esta realidad que ha superado cualquier pesadilla. Ellos, lo del poder deberán hacer lo que les corresponde, sin pretextos, con soluciones y resultados. Lo que tú, ella y nosotros, hemos pasado, debe terminar ya.

Tu caso y el de tus amigos, tristemente, pusieron en el ojo público nacional e internacional, el terror en que estaba sumergido Veracruz. Un terror que ya no podrá ser ocultado ni negado. Quienes debían cuidarte, fallaron, y ellos, lo han reconocido

El pasado 4 de marzo de este año, el gobierno veracruzano ofreció una disculpa pública por la desaparición forzada y ejecución de cinco jóvenes, que en 2016, fueron entregados por policías estatales al crimen organizado en Tierra Blanca. Esta disculpa, dicen, es ya un avance.

“(La disculpa pública) es parte de lo que estuvimos buscando, que el gobierno lo aceptara, que dijera públicamente que nuestros hijos no eran delincuentes y también que aceptara que quienes los habían levantado había sido la policía del estado que los entregó a una célula del crimen organizado”, afirma Bernardo Benítez Herrera, papá de Bernardo Benítez Arróniz, una de las víctimas.

A pesar de que tu familia ya supo que fue de ti, el dolor no cesa, “nada cambia, porque al final de cuentas no vamos a volver a tener a nuestros hijos”, describe Bernardo.

“Sólo yo y mi esposa pudimos recuperar una parte de nuestro hijo, las otras cuatro familias no tienen nada, se terminó la búsqueda y ellos se quedaron sin una parte de sus hijos, entonces el sentir es el mismo y el vacío va a seguir por el resto de los días, el único consuelo que nos podemos llevar es que logramos hacer justicia, la cual seguimos buscando”, señala.

Para tus padres, la lucha continúa hasta no ver a tus asesinos condenados por los crímenes que cometieron. Ellos, los del poder, han prometido sentenciar a los 21 detenidos por el caso, de los cuales ocho son policías estatales y 13 miembros del crimen organizado.

“El gobernador se comprometió a presionar para que el juez de una vez por todas los sentencie, pero nosotros necesitamos seguir haciendo presión para que esas personas no salgan y demoren un buen tiempo en la cárcel, espero que sea toda su vida para que no vuelvan a cometer las mismas atrocidades que estaban haciendo en Tierra Blanca”, expresa Bernardo.

Sin embargo, más allá de reconocer su falla, la disculpa pública del gobierno del estado visibilizó la criminalización a la que ustedes se enfrentan día tras día, por parte de ellos y nosotros. “La disculpa desmonta la narrativa de la criminalización, por eso era necesaria”, destaca Lucía Díaz, directora del Colectivo Solecito de Veracruz.

Para Mayra Ledezma, titular de la Dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del estado, el Programa Emergente por Crisis de Violaciones Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas, y la disculpa pública, son muestras de la disposición del nuevo gobierno estatal para atender la problemática.

Explicó que durante varios sexenios, este tema no tuvo la atención ni del gobierno federal ni del estado, pues además de no hacer una base de datos para conocer el número de carpetas de investigación, dejaron sin presupuesto a fondos para la reparación de daño a víctimas.

Agregó que este es el caso del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), el cual marca la Ley General de Victimas para servir como mecanismo para atender y apoyar de manera integral a víctimas en general, y a aquellas que sufrieron violaciones a sus derechos humanos por parte de autoridades federales.

“Este fondo estuvo cinco años sin dinero, nunca se creó realmente y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tenía una cantidad muy pequeña de recursos, tenía como cinco o seis millones de pesos”, dijo.

En este sentido, puntualizó que el gobierno de México ya autorizó 80 millones de pesos para el FAARI en Veracruz, así como 25 millones para el gasto operativo y la contratación de asesores jurídicos y personas especialistas en acompañamiento psicológico y social.

“Dentro de lo que haremos será dar cumplimiento a lo que marca la ley y que no se había hecho, por ejemplo en la Ley Estatal de Víctimas se crea la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, además de que ya se creó la Comisión Estatal de Búsqueda que mandata la Ley en Materia de Desaparición Forzada en Veracruz”, aseguróp.

Al respecto, el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Geiser Caso Molinari, destacó que el objetivo primordial de este organismo será realizar acciones de búsqueda inmediata para hallar con vida a las personas reportadas como desaparecidas. Además, conocedores de la realidad que vive Veracruz, también harán identificación en fosas clandestinas.

Resaltó que para las búsquedas de personas, se han coordinado en poco más de un mes que lleva instalada la Comisión (18 de febrero), con colectivos de familiares con desaparecidos en todo el estado, ya que, comentó, muchas veces estos reciben información que puede llevar a dar con el paradero de la gente.

“Los colectivos en muchas ocasiones reciben reportes o alguna información anónima o confidencial y pues giramos los oficios y armamos una acción de búsqueda integral para acudir al lugar de manera institucional y si hay que pedir el permiso judicial para acceder al terreno de un particular, también se hace ante la autoridad correspondiente”, explicó.

Asimismo, detalló en entrevista con Notimex, que para la búsqueda inmediata, los integrantes del organismo junto con las autoridades, acuden a hospitales y penales, y si la desaparición ocurrió en otra entidad, colaboran con las autoridades locales para la pronta localización de la víctima.

Por otra parte, destacó que han comenzado con el procesamiento de carpetas de investigación que les ha mandado la Fiscalía General del Estado para crear bases de datos que arrojen un número más real de la desaparición de personas en Veracruz.

No obstante, Caso Molinari agregó que se encuentran a la espera de los lineamientos que emita la Comisión Nacional de Búsqueda para homologar el actuar en el requerimiento, suministro y manejo de los registros y las bases de datos.

“Esta base de datos es muy importante porque cualquier perfil biométrico, de dactiloscopia o con el nombre de la persona, se pueden suministrar los datos al sistema para que nos arrojé la identificación de la persona”, dijo.

Comentó que anteriormente esta función de recolección de datos, le correspondía a la Secretaría de Gobierno, acción a la que esta dependencia no le tomó importancia pues hasta la fecha la entidad no cuenta con un registro oficial de desaparecidos.

Como parte del Plan de Acción 2013-2015 de la Alianza para el Gobierno Abierto, la Fiscalía General del Estado emitió el Registro Público de Personas Desaparecidas en la entidad, donde al acceder a su página de Internet http://gobiernoabierto.fiscaliaveracruz.gob.mx/, se encuentra un documento de Excel, que sin precisar fechas de las desapariciones, contabiliza dos mil 433 personas.

“La normatividad marcaba que si no estaba creada la Comisión Estatal de Búsqueda tenía que ser la Secretaría de Gobierno en el caso de Veracruz mediante una Dirección de Derechos Humanos e Implementación del Derecho de Justicia Penal.

“La dirección general tiene algunos datos pero no son los datos duros que se podrían estar manejando, toda vez que los colectivos y organizaciones de personas desaparecidas, también han recopilado cifras que al juntarlas arrojarán datos más reales”, planteó.

Las cifras son importantes, pero más importante es ponerles nombre y rostro a ustedes, a ellas, a nosotros.

Tu partida no ha sido fácil. Desde tu desaparición, los días se tornan más largos de lo habitual. La realidad de vivir con el no saber de ti, las golpea y nos golpea fuertemente a cada instante.

Notimex

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