EL COMENTARIO DE HOY

Columna/ Juan Pérez Audelo 

En cuatro meses y días, se cumplirán dos años del sismo de magnitud 8.2, que devastó brutalmente a decenas de comunidades en el Istmo y en otras partes del estado. Pero la zona istmeña se llevó la peor parte. Juchitán, Asunción Ixtaltepec, Santa María Xadani, Chicapa de Castro, Unión Hidalgo, la zona ikoot y muchas más, resintieron los efectos más letales de este siniestro.

Al día siguiente llegaron en oleadas, funcionarios federales y estatales. Algunos de los nuestros tuvieron que llenarse de polvo sus zapatitos costosos, sus camisas de marca o sus lujosos trajes. El ex presidente de la República, envió a parte de su gabinete. Cada uno de los secretarios fue responsable de determinada comunidad. El ejecutivo estatal prácticamente estuvo ahí día y noche, durante al menos dos meses.

La primera tarea fue la remoción de escombros y la atención a los damnificados con ayuda humanitaria. Las Fuerzas Armadas y la sociedad civil, tuvieron un papel determinante. Las fundaciones y clubes de servicio; la Cruz Roja y los oaxaqueños de los diversos estratos sociales, muchos avecindados en el extranjero, también contribuyeron. Y hasta se distribuyeron tarjetas de Bansefi, que resultaron un fiasco y engaño.

Sin embargo, pese al despliegue de miles de personas, de la asignación de los recursos del Fondo Nacional para Desastres Naturales (Fonden) y de la autorización de créditos al gobierno estatal, la reconstrucción sigue como tarea pendiente. Se habla de muchos millones en inminente corrupción. La semana pasada, el presidente López Obrador y el gobernador, Alejandro Murat pusieron en marcha en Juchitán –se dijo en los medios- el Programa de Reconstrucción.

La pregunta es: ¿y cuál es el balance financiero que se tiene a la fecha respecto a los millones invertidos en dicha tarea? A casi dos años del siniestro no puede hablarse del inicio de un programa de reconstrucción. Las huellas del escombro en las calles, producto de la demolición de viviendas, edificios públicos y otros, es parte del panorama hoy en Juchitán. A la fecha, no se tiene un informe preciso y acucioso de los recursos invertidos, de parte de los responsables de las tareas.

Porque es una infamia, no solamente lucrar con los recursos que se asignan al combate a la pobreza, sino más aún, con aquellos que son destinados a paliar la desgracia de nuestros hermanos. Ahí no hay ética ni decoro. Y quien haya desviado recursos públicos o hecho mal uso de ellos en esta tarea, debe rendir cuentas ante los órganos jurisdiccionales competentes. Eso es rapiña de cuello blanco. (JPA)

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