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MÉXICO. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) propuesto por el Presidente de la República genera dudas desde la propia presentación hasta el planteamiento de objetivos, metas e indicadores para medir su cumplimiento, coincidieron en señalar legisladores de oposición y especialistas invitados a la Cámara de Diputados, a un foro realizado bajo el mecanismo de parlamento abierto.

En el encuentro, el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Porfirio Muñoz tuvo que aclarar nuevamente que se entregaron dos documentos, pero solo uno corresponde al Plan de Desarrollo. La especialista en derechos humanos, Clara Jusidman, advirtió sobre los riesgos de la austeridad aplicada a rajatabla.

Señaló que el alcance de los objetivos del Plan de Gobierno se complicarán con un aparato gubernamental adelgazado en general, donde personal, funcionarios y colaboradores con especialización y capacidad han sido despedidos.

“No queda claro en qué sentido, cómo quién y cuándo se realizará una reingeniería del Estado. Por el contrario, con las acciones en materia de austeridad, se están disminuyendo peligrosamente las capacidades, la experiencia y los conocimientos para llevar un adecuado manejo de la cosa pública. Son cuatro riesgos que yo veo en la paralización de la entrega de bienes y servicios públicos”, dijo.

A lo cual se suma el desempleo y empobrecimiento de profesionales; desperdicio de conocimientos y capacidades para enfrentar inestabilidad, viabilidad y riesgos emergentes; y la pérdida de funcionarios honestos, sentenció.

En representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Laura Gurza, reconoció la corrección en el tema de los dos documentos, porque el más extenso no cumple con las características que marca la ley.

En representación del ombudsman nacional y a modo de recomendación, indicó que el Plan debería establecer previsiones económicas para el cumplimiento de objetivos; indicar claramente quiénes serán responsables de ello; y tener sustento en un diagnóstico robusto sobre la situación del país, del cual carece.

En respuesta, el Subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo explicó que los términos distintos a los usuales en que se presenta el Plan de Desarrollo, no incumplen con la norma.

“A la luz de la Ley Nacional de Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo cumple con todas y cada una de las fracciones allí previstas, las estrategias para ejecutar estas acciones están señaladas de manera muy puntual. Sí quizás de manera distinta a como se había acostumbrado en otros sexenios, pero de manera muy puntual como objetivos estratégicos”, dijo Robledo Aburto.

En su participación, la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez y el líder del Partido del Trabajo (PT), así como integrantes de las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), llamaron a que el ejercicio de parlamento abierto para analizar el Plan de Desarrollo se haga efectivo, al atender las observaciones a plantear.

Solo así se podrá asegurar que el parlamento abierto fue efectivo, recalcó la diputada Juárez Piña. Que los diputados no se limiten solo a verificar si el documento cumple o no con los requisitos legales, sino que puedan tener influencia, agregó la diputada de MC, Martha Tagle.

Es preocupante que el Plan no marque cómo, quién ni cuándo se cumplirán los términos del Plan; que supedite a la reinserción social el combate a la inseguridad; así como la gran “carga ideológica” del texto, que no marca específicamente plazos y rutas para cumplir los propósitos del mismo, alertó la panista Adriana Dávila.

El texto se parece más a los discursos de Presidentes como Luis Echeverría, más que a un proyecto progresista, advirtió Dávila Fernández, quien aprovechó para señalar que hay regresiones en esa materia y en temas de equidad de género.

Patricia Olamendi, experta en derechos humanos y colaboradora de instancias como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), señaló que el documento está muy limitado en los temas e combate a la corrupción, no prevé mecanismos para mejorar la capacitación de los funcionarios públicos y tampoco claridad en el caso de licitaciones y contrataciones.

Pablo Daniel Cabada, en representación de la organización Causa en Común, señaló que es contradictorio en el Plan de Desarrollo el rechazo al uso de las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad, mientras se crea la Guardia Nacional, que en los hechos ya opera con un mando militar activo.

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