El dirigente de la Sección 22 en reunión con el gobernador de Oaxaca. / Foto: Cortesía.
Patricia Briseño

OAXACA, Oax. La Sección 22, integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), demandó al gobierno estatal la abrogación de la reforma educativa, de sus leyes secundarias, de la Ley Estatal de Educación y del decreto de 2015 para reformar el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).

Al respecto, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa declaró esta mañana de lunes que su administración realiza la revisión del pliego ─que recibió el uno de mayo pasado─ en mesas de trabajo con los mismos integrantes de la gremial, y se espera tener un avance de respuesta en el transcurso del presente mes, aunque evitó dar fecha se espera sea previo al miércoles 15, cuando se celebra el Día del Maestro.

“Por nuestra parte, en su momento, nos pronunciamos por la derogación de la anterior reforma educativa”, reiteró.

El documento difundido por la misma gremial disidente reclama la abrogación de la reforma peñista que modificó los artículos tres y 73 se fundamenta en que privatiza la educación pública y genera un régimen de excepción en perjuicio de los derechos de los trabajadores de la educación.

Dentro de eso, requiere la reinstalación inmediata y sin condiciones de los profesores cesados Betzaida Martínez Bautista y Julio César Almeida Anaya, por su oposición a la reforma educativa.

Así también, el pago de salarios retenidos a otros de sus compañeros, Soledad Ramírez Ramírez, Juan Manuel Méndez Rodríguez y Juan Manuel Guzmán Mora, igualmente por oponerse a la reforma educativa.

Además, el descongelamiento de los depósitos de las cuotas sindicales de la gremial y la habilitación de las cuentas bancarias de sus ex dirigentes, Rubén Núñez Ginez, Francisco Villalobos Ricárdez, Gustavo Manzano Sosa, Claudio Mendoza García, José Antonio Altamirano Ojeda, Aciel Sibaja Mendoza, Efraín Picazo Pérez, Norma Cruz Vásquez, María del Carmen López Vásquez, Othón nazariega Segura, Heriberto Magarino López y Roberto Abel Jiménez García –algunos de ellos, presos en penales federales–, por encabezar la lucha en contra de la reforma educativa.

Así como atender los agravios causados por la “nefasta” reforma educativa que dejó cinco mil 517 incidencias administrativas.

Aparte de esto, el magisterio disidente demanda el reconocimiento de la bilateralidad entre el IEEPO y la Sección 22, como patrón y trabajador, como dispone el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política federal, para garantizar la estabilidad y certeza laboral de los trabajadores de la educación.

Asimismo, el reconocimiento y asignación de presupuesto financiero para el seguimiento del Plan de la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO), el respeto a los proyectos educativos alternativos y el reconocimiento a los estudios de la Escuela Normal Superior Federal de Oaxaca (ENSFO), ubicada en la zona norte de la ciudad de Oaxaca.

Por otra parte, requiere el pago de la prima de antigüedad a 17 mil 498 trabajadores jubilados y el pago del bono 2018-2019 a otros 18 mil 880 jubilados.

Igualmente, reclama garantizar el servicio a los alumnos de educación especial, a través de los diferentes planteles de la Unidad de Servicio y Apoyo a la Educación Regular (USAER), del Centro de Atención Múltiple (CAM) y de la Unidad de Orientación al Público (UOP).

Además, la recuperación del programa estatal de becas para alumnos de educación básica, media superior y superior, así como mantener e incrementar el programa de uniformes y útiles escolares,

Así también la reconstrucción y mantenimiento de los albergues escolares y la reconstrucción de cinco mil escuelas afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, además del 16 de febrero del 2018.

Marcha de la Sección 22 del CNTE en el zócalo de la ciudad de Oaxaca. / Cortesía.

En este mismo sentido, reclama el reemplazo del secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas, por ser el autor material del intento de desalojo del plantón durante el movimiento magisterial y popular del 2006.

Exige la regularización legal de todos los edificios de la Sección 22 del SNTE, así como su remodelación y equipamiento.

Finalmente reclama la asignación de parque vehicular para las secretarías de orden general, los niveles educativos y organismos auxiliares de la gremial.

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