Foto: ilustración
Patricia Briseño 

OAXACA, Oax. La delegación de Bienestar, encabezada por Nancy Ortiz Cabrera, no ha restituido los recursos del programa de estancias infantiles a cuatro guarderías de Oaxaca que obtuvieron amparos para seguir operando con las reglas vigentes en 2018, denunció la diputada federal, Alejandra García Morlán, una de las promotoras del recurso de amparo.

“A un mes del mandato judicial y a pensar de las amenazas de sanciones, incluso penales, la funcionaria de Bienestar se niega a responderle a las titulares de las estancias que ganaron las suspensiones definitivas”, informó.

En conferencia de prensa, la legisladora panista expuso que el Poder Judicial de la Federación otorgó en mayo pasado el dictamen favorable a cuatro de las 36 estancias infantiles que optaron por ampararse en Oaxaca, en beneficio de unas 200 niñas, niños, madres trabajadoras y las encargadas de estas guarderías, quienes contarán con un empleo digno.

Señaló que la restitución de los pagos, de 950 pesos mensuales por niño, a cuatro estancias en Oaxaca, retroactivos a enero de este año, asciende a unos 650 mil pesos.

 “El gobierno federal deberá de cumplir con el mandamiento judicial y entregar los recursos a las estancias infantiles; dos, ubicadas en la región de Valles Centrales y otras dos en la Mixteca”, asentó.

García Morlán espera que en breve también reciban la suspensión definitiva las 32 guarderías restantes que hacen posible continuar con los cuidados de los hijos e hijas de mujeres y hombres que no gozan de esta prestación laboral.

Por otro parte, luego de una jurisprudencia aprobada por tribunales a favor de las estancias infantiles apoyadas por el gobierno federal, convocó a las titulares de las estancias que no se ampararon en un primer momento, hacerlo ahora, pues desde el 10 de junio, “todos los amparos que se inicien en contra de los recortes en estancias infantiles deberán ser resueltos a favor de los padres”.

Expuso que esta determinación a favor de las estancias infantiles respalda el derecho de los niños a un cuidado adecuado; y el de las madres y padres, a una mayor oportunidad de acceder al mundo laboral.

Dagoberto Carrero Gopar, exdiputado local e integrante del cuerpo jurídico de la panista, apuntó que el incumplimiento de una suspensión dictada por un juez implica la comisión de un delito, el cual puede ser sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión, así como destitución e inhabilitación por el mismo periodo para ocupar cargos públicos.

Mencionó que el juicio de amparo es un juicio que protege los derechos humanos y el servidor público que no respeta una decisión de un juez federal, violenta ese derecho; por esto -adelantó– el desacato al ordenamiento judicial por parte de la delegación de Bienestar en Oaxaca será notificada al juez de distrito.

No hay comentarios

Dejar respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.