EL COMENTARIO DE HOY

Juan Pérez Audelo/Columna

Al fin, después de tantas denuncias, reclamos e inconformidades, el gobierno estatal tomó la determinación de iniciar el rescate del Río Atoyac y la recuperación de los playones que, de manera ilegal y absurda, estaban en posesión de sindicatos y particulares. Pero además, fueron escenarios de violencia, balaceras y pérdida de vidas humanas.

Las autoridades deben ir a fondo, más allá del rescate de esos espacios, en los que inclusive hay construcciones en terrenos invadidos de manera ilegal, además de investigar quién o quiénes autorizaron esa apropiación de predios que son patrimonio nacional. Y si lo hicieron por conveniencia política, por complicidades o por negocio.

Hay que recordar que dichos playones eran lugares inaccesibles para el ciudadano común. Eran cotos de poder en los que nadie podía entrar sin autorización. Y no fue solo en los últimos años sino desde hace tiempo.

¿Por qué se permitió dicha apropiación ilegal a sabiendas de que se trata de terrenos nacionales del lecho del río? Eso es lo que deben investigar las autoridades.

No hay que olvidar que en los últimos tiempos, grupos de la sociedad civil han buscado no solo ante las autoridades sino ante jueces y magistrados, la protección del citado río.

Algunos ingenieros que conocen del tema han alertado sobre los graves riesgos que implica el impedir el curso normal del Atoyac. Y tienen un argumento: el mes de julio se cumplen 50 años del desbordamiento que tantos estragos causó en la ciudad, en 1969.

Tienen razón, las tragedias muchas veces son cíclicas. Por fortuna ya el gobierno dio un primer paso: por un lado, desalojar los predios apropiados por sindicatos del transporte y resguardarlos por estos, y por el otro, acotar el problema de inseguridad que ahí se ha generado. Lo importante es que se mantenga el principio de autoridad.

Ahora falta cumplir con el saneamiento del afluente que se ha convertido en un serio foco de contaminación. No será tarea fácil, pero el primer paso ya está dado.

Queda demostrado que cuando el Estado aplica la fuerza y se propone meter orden, lo logra. Ojalá que esa misma filosofía prevalezca en otros espacios igualmente invadidos contra derecho.

Porque ya estamos en vísperas de las fiestas de julio, las cuales se anuncian con bombo y platillo, pero el estado que guarda el Centro Histórico es en verdad deplorable. Y tiene que hacerse algo para recuperar esos espacios que fueron cedidos o por miedo o por una mala decisión política.

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