Columna/ Juan Pérez Audelo 

Más allá de la controversia que pueda generar, críticas o desavenencias, en lo personal considero que ya es tiempo de que el Estado Mexicano, y me refiero a los tres poderes, vayan replanteando su política de derechos humanos.

Este tema ha servido para violentar la ley, cometer excesos, desafiar a la autoridad y ha contribuido a la descomposición del país.

Es común que los ataques a las vías de comunicación, como son los bloqueos carreteros, la retención ilegal de servidores públicos o la agresión a corporaciones policiales o miembros de las Fuerzas Armadas, se escuden en los derechos humanos, como vimos en La Huacana, Michoacán; en la comunidad de Heliodoro Castillo, Guerrero y en lo ocurrido hace poco más de una semana en Santiago Yaitepec.

Hay analistas y estudiosos del derecho que opinan que en México se vive una dualidad irreconciliable: mantener el Estado de Derecho o seguir con el discurso de los derechos humanos; el uso –si bien moderado- de la fuerza o de plano dejar que las multitudes o delincuencia, impongan su ley.

Uno de los factores que ha contribuido a esta situación de violencia que vivimos, es que nadie respeta a las fuerzas del orden ni a nuestros marinos y soldados.

Se ha roto por completo el principio de autoridad. Los abusos provienen de unos, pero cuando la autoridad responde, entonces ya es violatorio a los derechos humanos.

Dura lex, sed lex, decía el viejo proverbio latino. La ley es dura, pero es la ley. Los elementos del orden y la seguridad están acotados por todos lados. Por ello son desarmados sin recato alguno.

Los hechos ocurridos en los últimos días son indignantes: ver a los soldados sometidos e incapaces de responder.

El discurso de los derechos humanos se superpone a todo. La norma, nuestro marco jurídico, los códigos que rigen nuestro Estado de Derecho están condicionados al entorno de las garantías individuales.

Tenemos un sistema penal acusatorio supeditado a las mismas, mientras el país se deshace en muerte y violencia; en la comisión de ilícitos graves e impunidad. Y la defensa de dichos derechos se ha convertido en un gran fantasma, que limita en todo la acción simple y llana de la ley.

Me pregunto: ¿Y la Guardia Nacional, militarizada y todo, empezará a operar también bajo ese esquema de temor a violentar los derechos humanos o en realidad buscará la paz y la seguridad en el país y en Oaxaca?

De poco servirá tener un aparato que siga sometido a moldes, discursos y paradigmas trillados.

Urge pues, que el Estado Mexicano busque una fórmula para que el Estado de Derecho no se contraponga a la vigencia de las garantías individuales. Son elementos que no deben oponerse entre sí, sino complementarse. Ni el exceso de la fuerza, ni el temor oficial a vulnerar derechos humanos.

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