EL COMENTARIO DE HOY

Columna/ Juan Pérez Audelo

En 1987 el Comité del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), resolvió incluir tres sitios de Oaxaca en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad: el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez; la Zona Arqueológica de Monte Albán y el convento dominico de Cuilapam de Guerrero.

El último monumento es el único que tal vez lleve con orgullo el reconocimiento. El Centro Histórico de la capital está convertido en un estercolero, invadido por indigentes, el comercio en la vía pública, que está bajo el control de organizaciones, grupos, sindicatos del transporte y grupos delictivos, en tanto que Monte Albán está bajo la amenaza de invasión, en donde aún los especialistas han encontrado vestigios arqueológicos.

La semana pasada trascendió que el gobierno federal habría autorizado al menos 100 millones de pesos, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia –el INAH- para proteger dicha zona arqueológica. Pero justo cuando se iniciaban los trabajos para llevar a cabo esta encomienda –nos comentaron- aparecieron como por arte de magia dos falsos redentores sociales, operadores del Partido del Trabajo.

Nos referimos al diputado federal Benjamín Robles Montoya y a Lenin López Nelio. Como oaxaqueño preocupado por el legado histórico de nuestro estado y bajo la premisa de que debemos rescatarlo, nos preguntamos: ¿cuál es la justificación de dichos personajes para impedir los trabajos, más que andar a la pepena de causas para llevarlas a su molino político?

El asunto no es menor. Se trata de una zona federal, cuya invasión sea por los grupos u organizaciones que sean, es ilegal. El polígono que rodea a la zona arqueológica está o debe estar fuera de negociación y con más razón, fuera del alcance de falsos redentores sociales conocidos, pero también estigmatizados por la ciudadanía. Los trabajos para proteger este patrimonio histórico no deben detenerse ni negociarse.

Se comenta que hasta maquinaria pesada ya llevaron al lugar señalado para iniciar los trabajos, a fin de impedir que estos continúen. La pregunta es si el gobierno federal y, por supuesto, el estatal, ¿habrán de permitir esta afrenta al legado histórico que es de los oaxaqueños y que seguirá siendo de nuestros descendientes? Ante el temor de aplicar la ley, sobre todo a quienes se escudan en el fuero, no queda más que la denuncia pública para quitarles la máscara.

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