EL COMENTARIO DE HOY

Columna/Juan Pérez Audelo

En ese escaparate que son las redes sociales, cada vez crece más la indignación ciudadana por el secuestro de nuestro Centro Histórico. Entre la sociedad civil hay molestia por la forma tan superficial en la que nuestras autoridades han visto esa invasión que han sufrido los espacios comunes, que algún día fueron sitio de esparcimiento de las familias oaxaqueñas.

No se trata de poner en tela de juicio si el comercio en la vía pública es una forma legal de ganarse la vida. Lo que es ilegal y contra derecho, es haberse apropiado de los pasos peatonales y de los espacios comunes, que no son propiedad ni de dirigentes ni de quienes los regentean para llenarse los bolsillos. El problema ha ido creciendo cada vez más y nadie le quiere entrar. Unos a otros se echan la bolita.

El problema del comercio en la vía pública se habrá de resolver con la ley en la mano y llamando a cuentas a los que venden los espacios públicos, sean del partido, organización sindical o filiación política que sean.

Ha sido la discrecionalidad y la complacencia de las autoridades tanto municipales como estatales, lo que ha permitido que se llegue a los niveles actuales. En la medida en que no se actúe, el problema seguirá en ascenso.

Los triquis que prácticamente se apropiaron de los pasillos del palacio de gobierno, que han convertido en hotel, cocina, comedor y mercado, tienen que ser desalojados.

Las llamadas medidas cautelares, que a unos cuantos les otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no les otorga impunidad para estar al filo de la ley.

Exige al Estado mexicano garantizar su seguridad y ciertas condiciones de vida, no que se les permita invadir espacios públicos. El gobierno estatal puede, con pruebas en la mano, echar para abajo las citadas medidas cautelares y no seguir permitiendo esta invasión ilegal.

Dan un pésimo espectáculo. Los mismos citadinos dejamos de ir al centro de la ciudad, hoy convertido en una verdadera zahúrda, para evitar la fetidez y el estercolero en que ha terminado.

En cuanto a los indigentes y alcohólicos que perviven en atrios, puertas de iglesias y en el zócalo, ninguna ley, ni mucho menos los trillados derechos humanos, deben atar de manos a las autoridades para instrumentar el desalojo.

Somos muchos miles de oaxaqueños que exigimos poner fin al secuestro de nuestro Centro Histórico. Es una infamia que esta parte del llamado Patrimonio Cultural de la Humanidad, siga como hasta hoy.

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