Integrantes del STAUO en la Rectoría de la UABJO/Foto: JLP
Jaime Guerrero 

OAXACA, Oax. En medio de la crisis financiera, la exigencia de prebendas de sindicatos para no estallar en huelga y presuntos desvíos de recursos, la 64 Legislatura rechazó solicitar al órgano Superior de Fiscalización del estado, se auditen y fiscalicen las finanzas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), y en caso de encontrar anomalías, de vista a la Fiscalía General del estado.

La propuesta fue presentada por el presidente de la Mesa Directiva, César Morales Niños. El dictamen justifica que la UABJO es la institución de nivel medio y superior más grande de Oaxaca.

En el ciclo escolar 2017-2018 brindó servicios educativos a más de 24 mil estudiantes que cursan sus estudios en 28 unidades académicas, en cuatro regiones del estado, donde se imparten 29 legislaturas, seis especialidades, 11 maestrías, cinco doctorados.

A la fecha, 14 programas educativos tienen reconocimiento de calidad, en los cuales se atienden al 67 por ciento de la matricula del nivel superior de la universidad.

En el dictamen rechazado por el pleno de la 64 Legislatura, en medio de la polémica que han generado los sindicatos por la exigencia de recursos y el déficit financiero de la Máxima Casa de Estudios de Oaxaca, destaca el presupuesto del 2018 de la UABJO, que fue de 929 millones 261 mil pesos, con un subsidio por estudiante de 27 mil 904 pesos.

El documento destaca que, a pesar de la demanda y oferta educativa, cada año la UABJO ve mermada su actividad académica al ser “secuestrada” por conflictos estudiantiles o por solicitudes e incremento salarios por parte del personal.

El caso más reciente fue cuando la UABJO no pudo abrir sus puertas por 20 días para iniciar el ciclo escolar, debido a las demandas laborales de un sindicato.

La Auditoria Superior de la Federación afirmó no contar con evidencia física de facturas de los bienes y servicios que fueron recibidos.

Asimismo, en medio de la exigencia del STEUABJO por más recursos y el colapso de las actividades académicas y de la vida urbana de la capital, el Congreso local se negó a exhortar al Órgano de Fiscalización del estado para que audite y fiscalice las financias de la universidad.

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