EL COMENTARIO DE HOY

Juan Pérez Audelo/ Columna

El martes de la semana pasada, a través de los medios de comunicación y redes sociales, fuimos testigos de un hecho aberrante, aunque ya común en Oaxaca: el enfrentamiento, primero a pedradas y luego a balazos, entre miembros del Sindicato “Libertad” y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México –CATEM-, en la agencia municipal de Trinidad de Viguera. El saldo fue de dos muertos, heridos y cuantiosos daños materiales.

El transporte concesionado –ya lo hemos comentado aquí- se ha convertido en un asunto serio de seguridad. Los zafarranchos, incendio de unidades, balaceras, muertos y heridos, pero además el chantaje a través de bloqueos a calles y carreteras, son la carta de presentación de dichos gremios.

Pero ninguna autoridad detiene esta ola de violencia. La sospecha de connivencia entre estos y ciertas áreas de gobierno, es lo que permea en el imaginario colectivo.

Se trata de poderes fácticos que han acaparado no solo contratos de obra y el transporte concesionado, sino además, es evidente su influencia en otros negocios y el comercio informal.

Es decir, sus tentáculos abarcan lo lícito y lo ilegal ¿Quién o quiénes han permitido que dentro del Estado existan estos poderes, que en sus ajustes de cuentas ponen en riesgo la seguridad de todos los oaxaqueños? Es una buena pregunta.

Es un hecho que el transporte concesionado es un desastre en la entidad; que se ha perdido el control y que cualquier intento de regulación topará con resistencias. Pero tiene que hacerse. Se habla de más de 45 mil concesiones otorgadas. Solo en Juchitán de Zaragoza, se sabe, circulan más de 4 mil moto-taxis. Y el problema va creciendo, ante la complicidad de quienes tienen la obligación, por mandato de ley, de meter orden.

La proliferación de unidades piratas; la utilización de taxis y moto-taxis para actividades ilícitas; el otorgamiento de concesiones como favores políticos, entre otros, han generado un ambiente de zozobra e inseguridad ciudadanas. Se dijo hace tiempo que a concesionarios que bloqueen vialidades o carreteras, les serán suspendidas las concesiones. Nada ha ocurrido. Siguen en las mismas.

Si el retiro de la toma de nota es una alternativa para evitar más enfrentamientos, pues que se haga. Pero que ya se pase de la amenaza a la acción. Los oaxaqueños no merecemos vivir en este clima de terror, instaurada por unos cuantos violentos que se escudan en sindicatos o confederaciones para ponernos contra la pared. Urgen acciones enérgicas, antes de que esto se convierta en un verdadero circo de impunidad.

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