EL COMENTARIO DE HOY

Juan Pérez Audelo/Columna

Una parte importante de la historia oaxaqueña la representan los conflictos agrarios. El encono y la lucha por la tierra ha salpicado de sangre una parte del territorio estatal.

Cientos de personas han muerto en esos conflictos de odio que, lamentablemente, se han perpetuado de generación en generación.

Los diferendos derivados por límites, resoluciones presidenciales, litigios en tribunales agrarios, han devenido enfrentamientos, emboscadas, celadas y demás.

Hay quienes reconocen al menos 300 conflictos agrarios, aunque tal vez solo un diez por ciento sean de grave riesgo y amenaza latente de violencia.

Sería muy largo enumerarlos. Pero los hay en la Sierra Sur, en los Mixes, la Sierra Norte, en el Istmo de Tehuantepec, la Mixteca y aún en los Valles Centrales. 

En abril de 2017 –ya lo comentamos hace algunos meses- San Pedro Mártir Quiechapa, tuvo que llorar a sus difuntos, producto de la embocada que le tendieron sus vecinos de Santiago Lachivía.

Hace poco más de un año, el 18 de julio de 2018, pobladores de San Lucas Ixcotepec arremetieron en contra de sus vecinos de Santa María Ecatepec, con el saldo de trece muertos.

A un año de distancia los criminales siguen impunes. Y eso hay que decirlo. La lucha por presuntas invasiones de tierra no justifica segar vidas. Las autoridades ministeriales deben proceder y castigar conforme a la ley.

El pasado lunes 15 de julio, a la jornada violenta que se dio en el estado con al menos ocho personas ejecutadas, tuvimos que lamentar el recrudecimiento de las hostilidades entre dos poblaciones mixes: San Juan Bosco Chuxnabán y San Miguel Quetzaltepec, que libran un enconado y violento conflicto agrario. Tres vecinos de Quetzaltepec murieron y otros tres resultaron heridos.

La sorpresa fue mayor, dado que apenas el pasado 8 de febrero, ambas comunidades habían firmado un acuerdo de paz, teniendo como testigo al titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, él mismo miembro de la etnia ayuuk, como se llaman a sí mismos los mixes.

No es la primera vez que un ficticio acuerdo es rebasado por la cerrazón de las autoridades comunales, municipales o de instigadores externos.

Ello pone a las autoridades en el dilema de tratar el asunto de los diferendos agrarios con seriedad, es decir, más allá de la foto, de la difusión mediática o del triunfalismo de que los pueblos o comunidades en conflicto fumaron la pipa de la paz.

El asunto va más allá. Debe sentarse un precedente de dureza, no dejando esos crímenes en la impunidad.

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