Patricia Briseño 

OAXACA, Oax. Hasta con ocho años de prisión podría ser sancionada la persona que en Oaxaca ejerza violencia al obtener o difundir imágenes o videos de las partes íntimas o genitales de una persona sin su consentimiento, así como a quien difunda o amenace con difundir ese mismo contenido.

Ayer miércoles, el Congreso del estado aprobó la iniciativa de reforma al Código Penal local para tipificar como delito la violencia digital y castigar las violaciones a la intimidad sexual, que afecta principalmente a niñas y mujeres.

Con la aprobación de la iniciativa, conocida como Ley Olimpia, Oaxaca es la décima entidad que permitirá que las mujeres estén seguras en internet, y sienta las bases para la investigación de estos delitos.

El artículo 249 del Código Penal de Oaxaca establece que “comete el delito de violación a la intimidad sexual quien por cualquier medio divulgue, comparta, distribuya, publique o solicite imágenes, audios o videos de una persona, de contenido íntimo, erótico o sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima”.

De igual manera, el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia que establece sanciones de cuatro a ocho años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la unidad de medida, no exime al cónyuge o aquella persona con la que esté la víctima o haya estado unida por alguna relación afectiva.

Se sancionará también con la misma medida a quien mantenga una relación laboral, social o política con la afectada o a quien cometa el delito contra de una persona que por su situación de discapacidad no comprenda el significado del hecho.

La ley se aplicará para quienes cometan el delito contra menores de edad, así como a las personas que participen en la manufactura del contenido íntimo, sexual o erótico publicado. 

La diputada local, Hilda Graciela Pérez Luis, quien impulsó la reforma junto organizaciones de la sociedad civil, comentó que “la violencia digital es real, por medio del acoso, suplantación de identidad, amenazas, divulgación de datos, imágenes e información personal, que conlleva daño emocional a la víctima”.

«Ahora viene la segunda etapa que es la capacitación a Ministerios Públicos, a la Fiscalía para que tengan perspectiva de género y digital, y que no llegue una mujer más a la fiscalía y sea revictimizada», coincidieron las legisladoras participantes en la sesión.

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