Recientes reformas laborales en México





Por: ALEJANDRO JOSÉ RAMÍREZ LÓPEZ

CONTEXTO:  La política laboral es uno de los pilares del desarrollo social de cualquier país.  En México, como sabemos a lo largo del siglo XX hubo varias reformas en la materia, que iniciaron desde el proceso revolucionario, del cual derivó el artículo 123 constitucional, en donde se materializaron los Derechos Sociales, siendo nuestro país pionero a nivel constitucional de importantes derechos en la materia (derecho a un salario justo y remunerador, derecho a la huelga, a la sindicalización, a la negociación colectiva, a la igualdad salarial, etc.).  Sin embargo, no siempre se ha aplicado debidamente la legislación, como ha sido el caso de esta y prácticamente todas las áreas de nuestro Estado de Derecho (en el país, más que un problema de leyes, lo que ha existido es un problema en su observancia o aplicación: en nuestra Cultura de Legalidad).  

El Corporativismo  desarrollado durante décadas por el PRI, mediante el cual ejercía control a través de grandes colectivos (corporaciones tales como la CTM, el Congreso del Trabajo, la FTSE, el SNTE, el sindicato petrolero, entre otros), a cambio de canonjías especialmente para los líderes de dichos grupos sindicales de obreros y empleados, ha sido uno de los elementos característicos del sistema político mexicano vigente hasta la fecha.   Como suele suceder, en un principio representó factores positivos, pero poco a poco después también factores crecientemente negativos; entre los que destacan la enorme corrupción sindical que ha caracterizado las cúpulas de muchos de los principales sindicatos del país.  Corrupción manifiesta en situaciones tales como la cláusula de admisión y de exclusión laboral, que si bien en un inicio tenía razones que las justificaban precisamente para fortalecer a los sindicatos y favorecer a los trabajadores, se fue desvirtuando hasta convertirse en un factor ineludible de control de los trabajadores por parte de sus líderes a través de la creación de un sindicalismo blanco (dócil y favorable a los intereses patronales).  También expresada dicha corrupción, en la entronización durante décadas de diversos líderes sindicales, que a través de prácticas amañadas de elecciones manipuladas, forzadas, violentadas, compradas en los sindicatos, se han perpetuado en los cargos cupulares, como se ha podido ver en diversos sindicatos de sectores como los ferrocarriles, el petróleo, la educación, la minería, y varias otras  áreas y confederaciones como el lamentable caso de la CTM de Fidel Velázquez y los continuadores de su “legado revolucionario”:  La muy deplorable y evidente condición de Líderes obreros ricos, con trabajadores agremiados pobres, que ha caracterizado la realidad laboral del país, durante los aproximadamente últimos 100 años, hasta la fecha.   Una situación que no mejoró en lo que va del siglo XXI.

REFORMAS A LA LEY:  En ese contexto, las más recientes reformas laborales del 2017 y 2019, son positivas pues buscan corregir errores, prácticas corruptas y mejorar la administración de justicia en esta vital política económica.   Las reformas del 2017, que debieron entrar en vigor a partir del 2018, transformaron las instituciones de impartición de justicia, buscando dejar atrás las Juntas y el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (tanto a nivel federal, como locales), para pasar a tribunales que dependan del Poder Judicial, judicializando la conflictividad laboral, sin renunciar del todo a los procesos de diálogo que buscan conciliar los intereses entre los factores de la producción capital y trabajo (empresarios y trabajadores), ya que previo al juicio se obliga a buscar un proceso de conciliación, como fase irrenunciable anterior al juicio, que se dará sólo si no se encontrara una solución en dicha negociación.   El objetivo es adecuado, busca hacer más eficientes los procesos, más breves y con menos posibilidades de corrupción a través de dotarlos de  mejores garantías en un debido proceso fiscalizado a través del poder judicial.   

MAYOR DEMOCRACIA Y TRANSPARENCIA SINDICAL, URGENTES: Las reformas recientes del 2019 también apuntan en una dirección no sólo correcta sino muy necesaria desde hace decenios,  pues pretenden sanear los procesos de selección de los dirigentes sindicales, haciéndolos a través de voto libre y secreto (se suponía que esto ya estaba, pero muchos no los respetaban en sus estatutos).   A mi juicio, falta aún mayor claridad incluso en limitar el número de posibles reelecciones, para evitar que durante décadas controle una sola persona o grupo al sindicato.  Sin embargo podemos decir que al menos ya habrá una instancia más atenta que se encargue de hacer el recuento y la revisión pormenorizada de los procesos de elección al interior de los sindicatos, cerciorándose, en aquellos casos en los que en la empresa exista más de un sindicato, que sólo sea el que tiene la titularidad de al menos el 30% de la votación, el mismo que tenga la titularidad de contrato colectivo de trabajo (El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral). 

Estas medidas apuntan a una mayor libertad, democracia y transparencia sindical; aspiración presente desde antes del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, paralelo al TLCAN, del año 1994; que aunque mandataba básicamente solo cumplir con la propia norma laboral de cada país, dejaba entrever la necesidad de elevar los estándares de democracia sindical (especialmente en México), como garantía de una mayor libertad en la política laboral, evitando los tan perniciosos sindicatos blancos del corporativismo mexicano y el acusado dumping social de la política comercial de México, que ha motivado en gran medida estas recientes reformas.

CULTURA DE LEGALIDAD EN MÉXICO:  Sin embargo, nuevamente señalar que todos estos cambios en la ley serán útiles a los trabajadores, a los empresarios y a la sociedad, sólo en la medida que su aplicación no se pervierta o desvirtúe, como tantas otras veces ha ocurrido en el Estado de Derecho en México; Estado que flaquea en la parte de la convicción racional de la observancia de la ley por parte de todos los actores sociales.  La cultura de legalidad en materia laboral tiene ante sí ese reto:  ya cuenta con una mejor normativa, ¿sabremos la sociedad mexicana aplicarla correctamente?.  En ello nos jugamos mucho, pues el tema laboral está directa y esencialmente vinculado a factores de gobernanza nacional y local, así como de competitividad económica internacional.

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*  ALEJANDRO JOSÉ RAMÍREZ LÓPEZ.  Doctor en Derecho.  Profesor de Tiempo Completo en la Universidad de las Américas Puebla.  México, junio 2019.  //  Email:  alejandro.ramirezl@udlap.mx

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