Juan Pérez Audelo/Columna

La semana pasada se llevó a cabo la Jornada Estatal por la Armonización Legislativa en materia de archivos. Una buena oportunidad para ventilar deficiencias y necesidades en este rubro, particularmente en nuestra atomizada nomenclatura municipal, en donde no existe la cultura de dejar testimonio escrito de cada administración. Amén de la formación profesional o ignorancia de los ediles, se requieren acciones enérgicas para la conservación de los archivos.

Ya es común -y lo hemos constatado en los últimos tiempos- que los ediles –con sus contadas excepciones- se sumerjan en la más absoluta opacidad y discrecionalidad. Es común asimismo, que no rindan cuentas ante la sociedad, más allá de los informes tradicionales en donde sólo destacan las bondades de su gestión. La poca transparencia se justifica con una mal entendida autonomía. Se asumen ínsulas de poder más allá del bien y del mal.

Se sabe de casos en los cuales toda la parentela está en la nómina. De tráfico de influencias y conflicto de intereses abiertos y de espalda a la comunidad que gobiernan. Es evidente el incumplimiento de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que, tal parece que hoy, en el llamado Gobierno de la Cuarta Transformación, es letra muerta. He ahí el porqué la necesaria apertura de los gobiernos municipales a la política de transparencia y como sujetos obligados.

Es necesario medir a los ediles –hombres y mujeres- con el mismo rasero que cualquier servidor público, sea electo por el sistema de partidos políticos o por sistemas normativos internos. Ello habrá de contribuir a evitar prácticas de corrupción y enriquecimiento inexplicable.

La construcción de portales de transparencia y de orientación del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, puede ser un buen inicio.

Se habla de malos manejos, de prácticas de corrupción, de enriquecimiento de algunos en las pasadas administraciones municipales en el interior del estado, pero también de la impunidad con la que se van a su casa. Pese a la existencia del Organismo de Fiscalización del Estado de Oaxaca –antes conocida como Auditoría Superior del Estado- no se sabe de sanciones o procesos resarcitorios para quienes han incurrido en malas prácticas.

Todo parece indicar pues, que en ese orden de gobierno, se siguen las prácticas de la mafia del poder, lo que va en sentido contrario a lo que tanto se pregona a nivel federal, lo cual representa una verdadera contradicción o una burda falacia.

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