Palacio Municipal de Matías Romero/Foto: Carlos Sánchez Llanes
Jaime Guerrero 

OAXACA, Oax. Por violentar la autonomía de los municipios, contravenir la ley general de responsabilidades administrativas y la constitución del país, la ley general de responsabilidades administrativas de los estados y municipios de Oaxaca, que obliga a alcaldes, síndicos y funcionarios municipales a presentar declaraciones patrimoniales ante el Congreso del estado, fue impugnada con un recurso de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El municipio de Matías Romero presentó la controversia constitucional ante el máximo tribunal del país, argumentando que la reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, para que los presidentes municipales, regidores, síndicos, secretarios, tesoreros, contralores, hasta jefes de departamento, agentes municipales y de policía, presenten sus declaraciones patrimoniales ante el Órgano Interno de Control del Congreso del estado, le causan perjuicios.

Argumentó la autoridad que, en el 2015, se realizaron diversas reformas a la Constitución del país, Dando lugar al Sistema Nacional Anticorrupción y en el que se establece que las declaraciones patrimoniales se deberán presentar ante las secretarías y órganos interno de control.

Son embargo, a juicio de la autoridad de Matías Romero, la reforma del pasado mes de febrero que impulsó la diputada del PAN, María de Jesús Mendoza Sánchez, es violatoria al artículo 16 de la Constitución de México, no es acorde al orden jurídico general establecido para el sistema nacional anticorrupción y los sistemas estatales.

Al imponer la obligación a los servidores públicos -que incluye a los municipales- a presentar su declaración patrimonial al órgano de control interno del Congreso, transgrede el principio de seguridad y legalidad jurídica establecido en la Constitución.

Así mismo, el Congreso local transgrede y desnaturaliza la esencia del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas estatales, porque al presentar una declaración patrimonial en un órgano diferente, rompe con el principio de la autorregulación del control interno realizado por la propia dependencia.

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