Patricia Briseño

OAXACA, Oax., A nueve años de la detención del defensor de recursos forestales, Pablo López Alavés y debido al carácter emblemático de este caso, Cristina Valdivia, encargada del área de México y Derechos Humanos de la Oficina Ecuménica por La Paz y la Justicia, con sede en Múnich, Alemania, realizó una visita al defensor de derechos humanos en el Centro de Readaptación Social, de Villa de Etla, al poniente de la ciudad de Oaxaca. 

La Oficina Ecuménica por La Paz y la Justicia es una asociación sin fines de lucro, fundada en 1983  y es parte del movimiento de solidaridad internacional. 

El objetivo de esta asociación es el intercambio con movimientos y organizaciones sociales en Centroamérica y México, el apoyo a sus luchas y la vinculación de las mismas con las luchas sociales y políticas en Alemania. Se han sumado a la campaña internacional #LibertadParaPablo

De acuerdo con un comunicado de prensa, el defensor indígena zapoteco fue detenido arbitraria y violentamente el 15 de agosto del 2010, cerca del río Virgen en su comunidad San Isidro Aloapam, en la región Sierra Norte. Desde entonces se encuentra privado de su libertad con acusaciones fabricadas de homicidio.

Como representante de su comunidad, Pablo López denunció la tala ilegal de árboles y exigió la conservación del bosque. “Su detención ejemplifica la criminalización como consecuencia de la legítima labor de defensa de la tierra y el territorio”, refirió Consorcio por la Equidad, organización que acompaña legalmente al ambientalista.

En junio del 2017 su caso fue retomado por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, mismo que emitió la opinión 23/2017, calificando la detención como “arbitraria y pidiendo su inmediata liberación y reparación del daño”. 

La organización no gubernamental mencionó que han sido seis las opiniones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre casos de personas defensoras criminalizadas en Oaxaca, la mayoría indígenas y todas con un patrón similar de tortura y otras graves violaciones de derechos humanos, como el caso de Damián Gallardo, que también fue acompañado por la Oficina Ecuménica desde 2016 hasta su libertad. 

“Lamentablemente,  en noviembre del 2018 , fue confirmada la sentencia a 30 años de prisión”, terminó.

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