EL COMENTARIO DE HOY

Juan Pérez Audelo/ Columna

Los hechos ocurridos en Santiago Xanica, hace unos días, en donde miembros del Comité para la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi), habrían torturado y asesinado a un agente de la Agencia Estatal de Investigaciones, a un ex candidato a la presidencia municipal y desaparecido luego de torturarlos a dos elementos de la Policía Estatal, obliga al gobierno a replantear su relación con organizaciones sociales, caracterizadas por la violencia, la beligerancia y la criminalidad.

Las autoridades deben realizar las investigaciones correspondientes y actuar conforme lo dispone la ley. No es un asunto menor. Se trata de delitos tipificados en el Código Penal como graves: Homicidio, privación ilegal de la libertad y tortura. Aquí se puso de manifiesto la verdadera naturaleza de quienes militan en dicha organización, que son los mismos que han llegado a la capital, armados con machetes, con los que han intimidado lo mismo a funcionarios que a la ciudadanía inerme.

Dicha organización ha sembrado el terror en la zona de Huatulco y en poblaciones de los distritos de Miahuatlán y Pochutla. Lo que ha sorprendido a la sociedad civil es que después de los atropellos y vejaciones que cometieron en el pasado, se les pusieran mesas de diálogo y sus dirigentes se retiraran después con una serie de prebendas en las alforjas. Esa política de transigencia, que alienta la impunidad, debe cambiar. Los hechos que referimos son un abierto desafío al Estado.

En lo personal tengo mis reservas para reconocer los verdaderos liderazgos sociales, pues la llamada lucha social está plagada de farsantes y convenencieros; demagogos y vende patrias. Ya es común escuchar –y eso es enseñanza del magisterio- la queja de que se criminaliza la protesta social, cuando se trata de escudarse de una acción de Estado. ¿Y qué son exactamente el ataque multitudinario, el linchamiento, la tortura y el asesinato, como ocurrió en Xanica? ¿No son actos criminales?

Si bien es cierto que hoy ocurren a nivel nacional hechos que ponen en tela de juicio el Estado de Derecho y la vigencia de la ley, no tengo la menor duda que será una mancha indeleble para esta administración dejar estas acciones criminales en la impunidad.

El año pasado dos agentes investigadores fueron quemados vivos al interior de su vehículo, en la zona de Tlaxiaco. Los hechos siguen impunes. Cualquier hijo de vecino agrede y veja a nuestras Fuerzas Armadas y Guardia Nacional.

La pregunta es: ¿sirve de algo mantener corporaciones policiales y fuerzas castrenses con nuestros impuestos, para verlos sometidos por turbas de delincuentes o supuestos luchadores sociales, con su famoso esquema de proximidad? El Estado no debe permitir más estas escenas ominosas, dignas de un país sin rumbo y sin ley.

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