EL COMENTARIO DE HOY

Juan Pérez Audelo/Columna

Este 15 de noviembre, como lo mandata nuestra Constitución local, el gobernador del estado, rendirá su Informe de Gobierno. Desconozco el formato de este año. Si entrega el documento personalmente ante el Congreso del Estado o si será el secretario General de Gobierno quien lo haga. Si habrá sesión del pleno camaral para recibirlo o en comisiones; si pronunciará ahí un mensaje o lo hará posteriormente.

En regímenes pasados, el ejecutivo estatal asistía personalmente a entregar el documento y con un más o menos extenso discurso, daba cuenta del estado que guardaba la administración pública a su cargo. Después, ante el acoso y amenazas del magisterio y organizaciones sociales, la formalidad devino precaución. Los mensajes se exponían no ante los representantes populares sino ante funcionarios y grupos afines. Las interpelaciones en el pleno legislativo, devinieron solo aplausos y loas.

Sin embargo, más allá de formalidades o cambios de formato, le apostamos a un informe realista. No creemos que haya lugar para la simulación. El gobierno ha llegado a la mitad del camino con más pendientes y desafíos que realizaciones.

Desde el inicio de esta administración, ciertamente, el camino se presentó lleno de obstáculos. Recibió un erario desfondado, producto del saqueo del pasado. Luego vinieron los golpes de la naturaleza. Primero sequía, luego lluvias intensas, sismos y como corolario, hasta heladas.

Las tareas de reconstrucción siguen en la agenda pendiente. No hemos estado en bonanza. He ahí los préstamos que se han solicitado, que resultan cada vez más onerosos, por la voracidad de legisladores y legisladoras. El razonamiento es simple: si pedimos préstamos a la banca privada o de desarrollo, es porque tenemos un erario empobrecido. A ello hay que agregar el arribo de un nuevo régimen federal y un total cambio de rumbo y reglas de operación.

Uno de los graves retos que tiene enfrente la administración estatal en lo que le resta, es el de la gobernabilidad. Hay un relajamiento brutal del orden y la norma. El oaxaqueño común está harto de bloqueos carreteros, a cruceros y oficinas públicas. Exige, ante una burda sordera y apatía gubernamental, la aplicación simple y llana de la ley. Los diversos sectores sociales ya no pueden más.

Y en ello subyace algo que no se admite en las altas esferas gubernamentales: la falta de coordinación y compromiso; vocación de servicio y lealtad a Oaxaca, de algunos funcionarios. El tiempo se acorta pero aún hay oportunidad de corregir el rumbo y enmendar errores.

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