EL COMENTARIO DE HOY

Juan Pérez Audelo/ Columna

Otro período vacacional en puerta y de nuevo el espectáculo deplorable que ofrecen los grupos que se han avecindado en el zócalo de la capital. Sin duda alguna se trata de los triquis, algunos de los cuales –no todos- gozan de medidas cautelares, otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo el supuesto de que es un grupo que ha sido desplazado por la violencia, de su territorio. 

Desde hace por lo menos diez años se apropiaron materialmente de los pasillos del palacio de gobierno, en donde instalaron una especie de mercado, cocina, hotel. En donde viven, cohabitan y reciben el estipendio del gobierno para su manutención.

Dicen los enterados que conocen la problemática que, en el tiempo que llevan ahí, han nacido al menos 45 niños y niñas. Es decir, ya es casi su hinterland, es decir, su espacio vital, su propiedad. La casa, de la que no querrán salir fácilmente.

La pregunta es: ¿y ahí estarán los años por venir, sin que las autoridades muevan un dedo para recuperar ese espacio común, pese a tener los instrumentos jurídicos para hacerlo? No soy un experto, pero supongo que en los protocolos de las sobadas medidas cautelares no se establece que los beneficiados con esas medidas, se conviertan en un problema social o un desafío para las autoridades. ¿Bajo qué premisa legal pues, se les ha permitido que se hayan apropiado del espacio común referido?

Es inconcebible que funcionarios de gobierno tengan casi que pedirles de rodillas que desalojen –sin olvidar que haya dinero de por medio- cuando hay algún evento como la ceremonia de El Grito en septiembre o la Noche de Rábanos, el 23 de diciembre.

Por ello me pregunto: ¿hasta dónde el organismo que les otorgó las medidas cautelares, permite los abusos de este grupo restringido de indígenas, al grado que se pone a discusión la apropiación ilícita de un espacio ciudadano común?

Lo que me queda claro es que el gobierno estatal ha sido omiso en la estructura de una defensa legal, que permita ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, revertir las citadas medidas cautelares. Es evidente que aquí no aplica la figura de desplazados, que la hay, pero en otros entornos y países.

Quienes las promovieron –nos informan- fueron ciertos grupos, avezados en atizar conflictos, bajo ideologías religiosas y con la premisa de la victimización indígena. Algo tienen que hacer las autoridades, ante el riesgo de que, a futuro, sigamos viendo ese espectáculo deprimente y penoso para los mismos oaxaqueños.


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