Sebastián Piñenra/ Foto: Internet (AS Chile)

Notimex

SANTIAGO. El frente Unidad Social de Chile, que agrupa a más de 200 organizaciones nacionales, extendió al gobierno de Sebastián Piñera 98 demandas en un pliego petitorio dividido en 16 tópicos.

Los rubros en los que se categorizan las demandas son derechos humanos, trabajo, seguridad social, servicios básicos, educación, salud, vivienda y ciudad, medio ambiente, pueblos originarios, migración y refugio, discapacidad, mujeres, niñas, niños niñez y adolescencia, cultura, artes y patrimonio, cannabis medicinal y diversidad sexual.

Entre las demandas de derechos humanos destacan constituir una comisión de la verdad, justicia y reparación que opere de manera permanente y que realice sus investigaciones y recabación de testimonios sin considerar la información como secreto de Estado.

Urgieron también a cesar la represión y a atender las recomendaciones emitidas por organismos nacionales e internacionales en materia de respeto a los derechos humanos.

Solicitan, a su vez, dotar de más recursos humanos y materiales a la Unidad de Búsqueda de los Detenidos Desaparecidos, que depende del Programa de Derechos Humanos, además de garantizar la reparación integral del daño a quienes sufrieron prisión política y tortura durante la actual crisis.

El pliego petitorio también solicita reformar de manera urgente a las fuerzas armadas y a la policía, medida que debe incluir degradar a los responsables de la represión y capacitar a los uniformados en el respeto a los derechos humanos.

La agrupación de organizaciones planteó fijar el salario mínimo y la pensión mínima universal en 500 mil pesos mensuales, reducir la jornada laboral a 40 horas semanales y garantizar el derecho de los sindicatos a la negociación colectiva y a la huelga.

Unidad Social también exigió sustituir el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por un sistema de pensiones de reparto que contemple a personas que hacen trabajo doméstico, reproductivo y de cuidados, además de retirar de forma inmediata el proyecto de ley de pensiones que se discute actualmente en el congreso.

Los inconformes exigieron, a su vez, que se recupere y fortalezca la educación pública y gratuita en Chile, además de condonar las deudas existentes por educarse y garantizar que el Estado financie el 100 por ciento de las instituciones de educación pública del país.

Entre las demandas figura también la constitución de un sistema único de salud financiado mediante impuestos y la eliminación del lucro en el sistema de seguridad social, así como derogar la ley de privatización del agua para declararla constitucionalmente un derecho humano.

Los demandantes exigen, además, que se defiendan y apliquen los derechos culturales, educativos y lingüísticos de los pueblos originarios, que se desmilitarice el territorio mapuche y que se proteja la propiedad artística e intelectual de esos pueblos.

En lo referente a las mujeres, Unidad Social requiere aumentar el presupuesto para prevenir la violencia machista y evitar así que se privaticen los Centros de la Mujer y Casa de Acogida. Y formular una ley de paridad de género que garantice la participación de las mujeres en todas las instituciones del Estado.

Además Unidad Social planteó la aprobación de una ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y ampliar la calificación penal del delito de feminicidio.

Los demandantes exigen también despenalizar el aborto en las primeras 14 semanas de gestación, además de destinar recursos en el servicio de salud para hacer efectivo este derecho.

Sobre la diversidad sexual, el colectivo pidió crear el Instituto Nacional contra la Discriminación para dar seguimiento a la ley contra la discriminación, así como implementar campañas que prevengan la discriminación, la violencia y los crímenes de odio contra la comunidad LGBT+.

Las demandas de Unidad Social representan un episodio más en el proceso de manifestaciones de inconformidad con la administración de Sebastián Piñera en particular y, en general, con los 30 años de neoliberalismo que ha encarado el país desde que transitó de la dictadura militar a la democracia, a partir de 1988.

Desde el 18 de octubre Chile vive una crisis debido al rechazo generalizado de la población contra la situación actual en rubros como el político, social o económico.

En ese marco se ha articulado una acusación constitucional contra el presidente y se demanda la redacción de una nueva constitución, pues la vigente fue aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet a fines del siglo pasado.

Otro factor de la crisis es la respuesta violenta con que han encarado la situación las fuerzas de seguridad, como el cuerpo de Carabineros, acusados de violar sistemáticamente los derechos humanos por organismos nacionales y extranjeros, además de incurrir en prácticas como la tortura y la violencia sexual.

En ese escenario, la aprobación social a Sebastián Piñera se ha desplomado a un mínimo histórico, con apenas 4.6 por ciento de respaldo ciudadano, de acuerdo con una encuesta de Pulso Ciudadano dada a concer el jueves 5 de diciembre.

No hay comentarios

Dejar respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.