Jaime Guerrero

OAXACA, Oax. El titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro, aseguró que no habrá impunidad en el caso de los funcionarios involucrados en actos de corrupción.

Por lo pronto, pidió tiempo para presentar el informe general de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública y reiteró que siguen las indagatorias por el caso del proyecto de Sistema Integral de Transporte (SIT), que dejó truncó la administración del exgobernador, Gabino Cué Monteagudo.

Sin dar nombres, refirió que nueve exfuncionarios están siendo investigados por el proyecto del Sitibus. El caso también esta en manos de la Fiscalía Anticorrupción.

A propósito de su comparecencia en comisiones de la 64 Legislatura, el funcionario señaló que estas nueve personas han sido citadas a declarar para mostrar sus alegatos sobre el tema.

Refirió que actualmente, ocho de nueve ex funcionarios han acudido a comparecer.

Lo mismo en el caso de las empresas involucradas en el proceso de reconstrucción con obras inconclusas en la región del Istmo de Tehuantepec. De acuerdo Díaz Navarro, esas irregularidades pueden tratarse por actos de corrupción e impunidad, luego que el proyecto no se concluyó, pero si se empezó.

Respecto al monto investigado, precisó que son varios millones de pesos y adelantó que estarían involucradas algunas empresas, no obstante, omitió dar nombres.

Respecto a las auditorías y observaciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública, así como de la Auditoría Superior de la Federación esquivó las respuestas, pidió esperar los informes para presentar los reportes finales de los montos solventados ante los organismos auditores.

En un informe ante diputadas y diputados, refirió que en 2019 fueron inhabilitados 23 funcionarios del gobierno del estado por responsabilidad administrativa. Detalló que, dentro de la actual administración, desde el 31 de diciembre del 2019, se tramitaron un total de mil 964 expedientes de responsabilidad administrativa, de los cuales se han resuelto mil 666, es decir, 84.82%, que resultaron en mil 392 sanciones inscritas. De ellas, 430 sanciones se aplicaron en 2017; 513 en 2018; en 2019, 375 más, de las cuales 23 son inhabilitaciones.

Por otro lado, explicó que fortaleciendo la transparencia y rendición de cuentas en la función pública se han revisado cuatro mil 308 procedimientos de contratación, tres mil 513 correspondientes a licitaciones públicas, es decir, 81%, y 795 a excepciones, con un importe total de 4 mil 512 millones de pesos.

Asimismo, dos mil 569 se refieren a obra pública y mil 729 a adquisiciones de bienes y servicios, de dos mil 579 procedimientos revisados de contrataciones de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.


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