EL COMENTARIO DE HOY

Juan Pérez Audelo/Columna

Hemos aprendido que nadie está por encima de la ley. Que la norma es de vigencia generalizada, sin distinción alguna. Es decir, que todos estamos regidos por un marco jurídico, en donde no debe hacer distingos de ninguna especie. Sin embargo, en Oaxaca hay algo que llama la atención, en torno a lo que se llama simple y llanamente, Estado de Derecho. Y es el ambiente de impunidad que reclaman para sí ciertos sectores, sobre todo ligados al transporte, organizaciones y sindicatos.

Es decir, si las autoridades estatales realizan operativos para detectar unidades que circulan de manera ilegal, ahí vienen la toma de las oficinas respectivas o los bloqueos carreteros. Si algún operador llega a cometer un ilícito imprudencial, atropella o mata a una persona y los agentes viales le aseguran la unidad y la vinculan a un procedimiento, no faltarán los oficiosos que pedirán la liberación de la unidad con los manidos métodos de la presión y el chantaje. Esto es, se ha creado un escenario ominoso de impunidad.

Lo que se entiende es que las concesiones son derechos que el Estado, a través del gobierno, otorga a particulares o personas morales o físicas. Esto es, puede retirarlas cuando los beneficiarios hacen mal uso o caminan al filo de la ley. Si un operador de taxi, que sirve a la ciudadanía, actuó mal en el servicio y por no tener cambio arremete a golpes contra un usuario. O si comete una imprudencia cuando conduce, afectando a un tercero, debe ser consignado como cualquier ciudadano, independientemente que pertenezca a tal o cual sindicato, unión u organización, pues estos no se rigen por un estatuto de excepción en el cumplimiento de la ley.

A lo que vamos es a esto: la pertenencia o militancia a una determinada organización sindical no es patente de corso ni, mucho menos, certificado de impunidad, con el que sus miembros puedan hacer lo que les plazca. Ay, del gobierno que caiga en este juego, porque sentará un mal precedente y abrirá el camino del desorden y de la anarquía. Porque es eso lo que nos ha hecho testigos en los últimos tiempos de enfrentamientos a balazos; de zafarranchos; de violencia generalizada por contratos de obra y disputas por rutas. Insisto: nadie está por encima ni más allá de la ley.

Por tanto, quien delinque, quien incurre en un delito, aquellos que trastocan el espíritu de la ley y el Estado de Derecho, están regidos como todos, por un marco jurídico que no admite distingos ni privilegios. El Estado y el gobierno como su representante legítimo, no se debe doblegar ante nadie, mucho menos ante poderes fácticos, que quieren la ley a su medida.

No hay comentarios

Dejar respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.