EL COMENTARIO DE HOY

Juan Pérez Audelo/ Columna

Estamos en plena contingencia sanitaria. En opinión de los expertos esto puede durar hasta 12 semanas o más. En Oaxaca se ha dispuesto suspender clases, cerrar oficinas y parques públicos, todo para evitar el contagio de un mal, que ha provocado miles de muertes en China, Italia, Irán, Francia, España y los Estados Unidos, entre otros. Lo que ha sido más difícil de combatir es la indolencia, la perversidad y la torpeza de aquellos que, sabidos de que el horno no está para bollos, vienen a fastidiarnos con bloqueos de calles y cruceros.

Se necesita no tener ética ni escrúpulos, para traer gente a la capital, armada de machetes y palos, en plan pendenciero y provocador, para arremeter sin más, en contra de una ciudadanía inerme, bajo la bandera de la cobardía: atacar en montón. Nos referimos a dirigentes y miembros de un membrete, denominado Comité para la Defensa del Pueblo (Codep) y socios que, durante toda la semana pasada, incluyendo sábado y domingo, crisparon los ánimos de los citadinos. La pregunta es: ¿A qué intereses obedecen?

A la difícil situación económica que ya está en puerta, a raíz de la depreciación de nuestra moneda frente al dólar; el derrumbe de los precios del petróleo; los pronósticos nada halagüeños de un nulo crecimiento y de las afectaciones a nuestra precaria subsistencia, a raíz de la contingencia sanitaria, aún tenemos que tolerar hordas de violentos, manipulados por titiriteros, a darnos la puntilla en nuestro confinamiento domiciliario. Y lo peor: que ninguna autoridad preserve el derecho a la libre circulación.

Si lo que se pretende con las medidas impuestas por las autoridades para evitar el contagio, es salvaguardar la vida del ciudadano y de su familia, la pregunta es ¿por qué se siguen permitiendo este tipo de afrentas a los derechos civiles? Insisto: en Oaxaca el bloqueo nuestro de cada día es, como dijera el filósofo Fernando Savater: “una sana institución para el mantenimiento de las costumbres”. El chantaje hecho norma para la convivencia social.

En el gobierno se arrastran dos fantasmas que lo paralizan para aplicar la ley: el movimiento del 2006 y el affaire Nochixtlán, de junio de 2016. Cualquier acción o amago para ejercer un mecanismo de fuerza será calificada como represión. Es la patente de corso que decretaron maestros y dirigentes de organizaciones sociales. Lo cuestionable es que ellos no representan a todo el pueblo ni, mucho menos, tienen calidad moral para ello.

En este sentido, para hacer respetar los derechos civiles nada hay que esperar ni de los gobiernos, ni de los diputados y diputadas, menos de los partidos políticos. La lucha debe provenir de la sociedad civil organizada. De nadie más.

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