Juan Pérez Audelo/ Columna

El viernes 20 de marzo arribó a Oaxaca el presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno de los primeros eventos de su agenda era la inauguración del Hospital Rural de Tlaxiaco, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, después de recorrer dicho nosocomio, acompañado del ejecutivo estatal, el mandatario tuvo que diferir el acto inaugural. La pregunta es ¿a qué se debió dicha acción?

La semana pasada, en una de las clásicas mañaneras, un reportero le preguntó sobre la fallida inauguración y el hecho de que se habría adquirido equipo usado y rentado, para avituallarlo. Eso, suponemos, sólo para la inauguración, como ocurría en el pasado. López Obrador contestó que hubiera sido una irresponsabilidad de su parte. Enfático sostuvo: “se va el presidente y se llevan las camas”.

Más allá del afán de sorprender al jefe del ejecutivo federal, se trata de una maniobra que exhibe una forma burda de corrupción. Lo que sorprende es que, en estos tiempos, cuando la lucha anti-corrupción es una de las banderas del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, se sigan dando este tipo de prácticas. Sobre todo, en el sector salud, en donde se han dado las peores aberraciones y corruptelas.

Suponemos que, a estas alturas, la Contraloría Interna del IMSS, la Auditoría Superior de la Federación o la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del gobierno estatal, estarán haciendo sus pesquisas e indagatorias para fincar responsabilidades. Simular la adquisición de equipo médico o la compra de medicinas o la contratación ficticia de personal, son acciones fraudulentas. Obvio, injustificables.

Se trata –insistimos- de acciones falta de ética, pues no se puede jugar con la salud de un pueblo. Considero que ya es tiempo de que ese tipo de prácticas, tan comunes en épocas pasadas, termine. Vivimos tiempos difíciles y con notables deficiencias en la atención sanitaria. Es una irresponsabilidad –ya lo dijimos hace algunas semanas- decir que estamos preparados para hacer frente a la pandemia del Covid-19, con un sistema de salud colapsado a nivel nacional.

A ello hay que agregar aún, servidores públicos corruptos e irresponsables; ventajosos y simuladores. Estoy convencido de que no sólo Tlaxiaco sino el pueblo oaxaqueño en general, merecen una explicación sobre este hecho deleznable y vergonzoso. Las autoridades están emplazadas a develar la verdadera naturaleza de este hecho que, a los ojos de la sociedad, no deja de ser más que un acto vil de corrupción, no obstante, una o mil justificaciones.

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