EL COMENTARIO DE HOY

Juan Pérez Audelo/ Columna

En la atomizada nomenclatura municipal de Oaxaca, sea que las comunidades se rijan por el sistema de partidos políticos o por sistemas normativos internos, hay de todo. Hay ediles renuentes a rendir cuentas y los hay también, que han visto el poder municipal, como vía para cambiar de estatus social, es decir, para enriquecerse.

Los hay, asimismo, señalados de ejercer violencia de género en contra de concejales mujeres o de asumirse ejemplos de un autoritarismo recalcitrante. De los cuerpos policiales y sus excesos; sus crímenes e ilícitos, se ha hablado mucho en los últimos días. Son pocos, sin temor a equivocarme, que cumplen con su gestión, apegados a los principios de orden, apego a la ley y la honestidad.

La semana pasada, medios nacionales y locales se dieron vuelo para destacar el aseguramiento de cuentas, tanto personales como oficiales, de tres ediles en el país: dos de Jalisco y uno de Oaxaca. Las autoridades hacendarias tuvieron sus razones para ello. Los señalamientos no son nada superficiales. Los involucran en presuntas operaciones ilícitas y criminales. El edil istmeño señalado, suponemos, hará lo propio para limpiar su nombre. La Constitución nos otorga garantías para la defensa legal, conforme a derecho.

Sin embargo, a lo que vamos es a lo siguiente. Debe desterrarse de Oaxaca, esa aureola de autosuficiencia y supuesta autonomía de los y las munícipes, de creer que sus jurisdicciones son ínsulas de impunidad, en donde pueden hacer lo que les plazca. Incluso, dedicarse a negocios ilícitos, aprovechando la coraza y protección que les otorgó la voluntad popular.

Existen ayuntamientos en donde, durante el período que tarda la gestión municipal, los cabildos se integran bajo esquemas de complicidad y conveniencia. La obra pública, las aportaciones estatales y los ramos federales, son vistas como un suculento platillo, del que son reacios a rendir cuentas, ante un Órgano Superior de Fiscalización del Estado, que asemeja un elefante blanco, presto no para revisar, auditar y ejercer acciones legales, punitivas o procesos resarcitorios, sino para planchar anomalías y desvíos.

Tengo la certeza de que una revisión a fondo de cómo van en su administración los y las presidentas municipales diseminados en toda la geografía estatal, traería muchas sorpresas. Pero en tanto no exista voluntad política para hacerlo, seguiremos en las mismas: concebir a los municipios como territorios de impunidad, arbitrariedad y corrupción.

No hay comentarios

Dejar respuesta

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.