Podría haber más presidentes municipales denunciados ante Fiscalía

Maira Ricárdez

OAXACA, Oax.La denuncia interpuesta contra el munícipe de San Antonino Castillo Velasco Esteban Abel Sánchez y contra el de San Pedro Ixtlahuaca Manuel Evodio Duarte, por el delito de propagación de enfermedad, no es resultado de ninguna consigna contra las autoridades señaladas, tampoco golpeteo político como se ha dicho, señaló el asesor legal de los Servicios de Salud de Oaxaca, Carlos Felguerez. 

La denuncia contra el munícipe de San Antonino no es porque haya abierto el baratillo el pasado viernes dijo, es porque desde el 29 de abril fue notificado por la autoridad sanitaria para evitar abrir el baratillo por el riesgo latente de propagación de covid e hizo caso omiso. Lo mismo sucederá con autoridades más si se comprueba que con sus decisiones alentaron la propagación del virus cuando Oaxaca estuvo en estado de máxima alerta, señaló.  

En el caso de San Pedro Ixtlahuaca con anticipación se notificó al Presidente Municipal a través de un Notario Público incluso y del Jefe de la Jurisdicción Sanitaria de que no debería realizar fiestas dado el alto riesgo de contagio cuando se da la concentración masiva de personas, sin embargo, las fiestas se realizaron.    

El abogado fue claro al señalar que la denuncia inicial fue interpuesta por la Secretaría de Salud al determinar que se violó uno de los estatutos del que ellos tienen responsabilidad que es la protección a la salud, pero a partir de esto es la Fiscalía General como autoridad investigadora la que tiene en su competencia el tema. 

Ambos Munícipes, o más si fuera el caso, estarán en plena facultad de ejercer sus derechos y aportar todas las pruebas y argumentos para su defensa., nada se hizo con el afán de perjudicarlos, insistió.

Cabe señalar que hasta este momento ninguno de los munícipes denunciados ha hecho contacto con el área jurídica la Secretaría de Salud, no se ha recibido un solo requerimiento, por lo tanto está descartada un posible desistimiento de la denuncia., denuncia que en caso de prosperar implicaría para los demandados una sentencia de 1 a 6 años de prisión.

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