EL COMENTARIO DE HOY

Juan Pérez Audelo/ Columna

Este martes 21 de julio se cumple exactamente un mes de la masacre de Huazantlán del Río, municipio de San Mateo del Mar. Según la Fiscalía General del Estado, 15 personas, entre hombres y mujeres fueron asesinadas. Otras fuentes afirman que fueron 17. Sea una o sea otra, se trata de una acción criminal que debe ser castigada conforme lo dispone el Código Penal vigente. En las fotografías que circularon en redes sociales, se observan escenas grotescas de cadáveres lapidados o incinerados.

Momentos de terror –suponemos- vivieron los habitantes de dicha comunidad huave. ¿Conflicto político, electoral, irrupción de grupos criminales? Sólo las autoridades podrán develarlo. Y es que hay un total hermetismo de parte de las mismas. Se entiende que la reserva en tema de justicia, es una regla del debido proceso. Sin embargo, existe confianza de que haya un pronto esclarecimiento de este hecho abominable y se proceda conforme a derecho contra los responsables.

El homicidio colectivo de que hablamos no es nada nuevo en Oaxaca. En los últimos años se han dado varios casos, con móviles diferentes. Hay que recordar la emboscada en la que vecinos de San Lucas Ixcotepec masacraron a 13 personas de Santa María Ecatepec. Esto fue el 16 de julio de 2018. Es decir, hace dos años. Disputas agrarias, viejas rencillas por límites, cultivo de estupefacientes o conflictos políticos internos, son causa de estas acciones criminales.

En el caso de San Mateo del Mar, se presume que se trató de una acción concertada en la que hubo varios participantes. He ahí el por qué debe procederse con celeridad, para el pronto esclarecimiento de los hechos. El Congreso del Estado no debe mantenerse omiso ni solapar con su silencio o apatía este crimen colectivo. Extrañamente no han procedido en contra de las autoridades que, se presume, por participación directa u omisión, estarían involucradas.   

Lo dijimos hace algunas semanas: que no nos vayan a salir con el ardid de que este deleznable acto criminal se quiera resolver en las mesas de diálogo. Para que éstas sean mecanismos que consoliden la gobernabilidad y la paz social, deben ir afianzadas en el espíritu de la ley. Diálogo y justicia no son excluyentes. Por ello hay que ir al fondo. La ley no se negocia, simplemente se aplica y más cuando está de por medio la pérdida de tantas vidas. Insisto: hay que ir con todo para que la impunidad y su lastre de agravios, no se conviertan en bandera de los adversarios, a la caza de los yerros gubernamentales.

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