Jaime Guerrero

OAXACA, Oax. Para evitar la denominada “puerta giratoria” que ha permitido la liberación de delincuentes en todo el país, gobernadores del PRI y Morena acudieron a la sede del Senado de la República a presentar una propuesta de reforma a diversos ordenamientos del Código Penal de Procedimientos Penales, ante el presidente de la Junta de Coordinación del Senado, Ricardo Monreal.

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, a nombre de los mandatarios estatales del PRI, entregó una propuesta con 21 planteamientos, que asegura, son necesarios y urgentes, para hacer frente a las agresiones criminales que lastiman a las familias mexicanas.

Resaltó que el Estado no puede seguir combatiendo la delincuencia desde una posición de pasividad y desventaja.

A la propuesta se sumó el gobernador de Veracruz, el morenista, Cuitláhuac García, quien expresó su preocupación por la evasión la justicia que pueden cometer los integrantes del crimen organizado.

De acuerdo al documento presentado por senadores, integrantes de la Junta de Coordinación Política, los mandatarios proponen que por razones de seguridad de los operados y para el éxito de las ordenes de cateo y aprehensión, éstas podrán solicitarse en un lugar diverso a la comisión del delito.

Además, piden que la denuncia anónima sirva para establecer líneas de investigación, siempre y cuando sea analizada y valorada integralmente, de esta forma se reconocería que la denuncia o información anónima es una fuente que ayuda a la procuración de justicia y se evitaría la declaración de ilicitud probatoria por ausencia de una fuente, ampliando la posibilidad de que el Ministerio Público desarrolle más líneas de investigación.

En el documento que consta de 25 cuartillas también piden que se aumenten la duración de las medidas de protección que se tienen actualmente, que son de 70 días naturales prolongables por otros 30 días a control judicial, lo que significa que si el Ministerio Público no logra en dicho tiempo judicializar la carpeta de investigación por no reunir los suficientes elementos de prueba para acreditar el hecho que la ley señala como delito, de ahí que piden la duplicación de la temporalidad de las medidas de protección, es decir, que quede en 120 días naturales con una prorroga de 30 días, con la finalidad de garantizar por más tiempo la protección de seguridad y tranquilidad de la víctima.

Piden denominar la denominada “puerta giratoria”, así como el control judicial en todos los supuestos de detenciones de flagrancia, sin importar la medida cautelar a imponer, pues en la práctica funciona de tal manera que si el Ministerio Público en un caso concreto no planea solicitar en la audiencia inicial la prisión preventiva, oficiosa o justificada pone en libertad al detenido tan solo unas horas después de la puesta en disposición anterior debido a una supuesta interpretación de dicho numeral.

Por ello, se propone en el documento establecer una redacción clara en el que se fijen los parámetros que regulen la facultad del Ministerio Público de poner a disposición del juez a las personas detenidas durante el plazo de retención, aun cuando la medida cautelar que amerite el hecho delictivo o lo que vaya a solicitar de forma justificada no se ala prisión preventiva.

De esta manera se reducirían significativamente las personas que indebidamente son puestas en libertad, eliminándose así la denominada “puerta giratoria”.  

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