Foto: Jorge Luis Plata
Patricia Briseño

OAXACA.Oax.- Para exigir el castigo a los culpables de las agresiones policiales del 19 de junio del 2016, en el municipio de Asunción Nochixtlán, profesores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) bloquearon por segundo día consecutivo algunos tramos carreteros de la entidad.

En la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca, en el tramo de la colonia Trinidad de Viguera, cerraron la circulación donde rindieron homenaje al joven de 18 años de edad, Jovan Azarael Galán Mendoza, quien murió por disparo de arma de fuego durante un enfrentamiento con agentes de la Policía Federal, el año pasado.

Mientras que en el Istmo de Tehuantepec, bloquearon la Carretera Internacional 190 Cristóbal Colón y la Carretera Transístmica en inmediaciones de Santo Domingo Zanatepec y Matías Romero.

Además, se posesionaron de las casetas de cobro de la supercarretera 185, en las cercanías de Santo Domingo Tehuantepec y Ciudad Ixtepec, donde dieron el paso a cambio de una cooperación.

En tanto, en Juchitán de Zaragoza y Salina Cruz suspendieron los bloqueos programados y establecieron centros de acopio de víveres para los damnificados por las lluvias ocasionadas por las tormentas tropicales Beatriz y Calvin.

El secretario de Organización de la Sección 22 del SNTE, Genaro Martínez Morales justificó la medida “para reclamar justicia a las víctimas en Asunción Nochixtlán y el respeto a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca”.

La denominada jornada de lucha por la verdad y la justicia terminará este lunes en Asunción Nochixtlán con una marcha.

Por otra parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  y la Oficina en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) realizaron un recorrido conjunto por Hacienda Blanca, Huitzo y Nochixtlán, lugares donde habitantes y policías se enfrentaron el año pasado, el 19 de junio.

El ombudsman Luis Raúl González Pérez, el representante en México de ONUDH, Jan Jarab, y el titular de la Defensoría de Oaxaca, Arturo Peimbert, reiteraron su condena de estos hechos.

Coincidieron que todo operativo policiaco debe tener como premisa esencial el respeto del derecho a la vida e integridad física y planificarse e implementarse con estricto apego a los principios básicos sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego, incluyendo los principios de necesidad y proporcionalidad.

A través de un comunicado de prensa se pronunciaron por una investigación de manera exhaustiva, diligente e imparcial para deslindar las responsabilidades administrativas y penales a que hubiera lugar, incluyendo la responsabilidad de los mandos superiores que participaron directamente en los hechos.

“Los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 deben ser interpretados en el contexto histórico y social del estado de Oaxaca. Las causas estructurales que propician situaciones que pueden tornarse violentas deben ser abordadas de forma efectiva”.

Por último exhortaron a las autoridades federales y estatales a retomar los esfuerzos de diálogo con las víctimas hasta lograr el pleno acceso de éstas a la salud, a la reparación integral del daño y a la justicia.

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