* La Iniciativa contra la violencia y acoso entre iguales,tiene el objetivo de establecer las bases y procedimientos para la detección, prevención, asistencia y erradicación de la violencia y acoso escolar.
Redacción
Oaxaca, oax., 4 de junio del 2014.- Con la finalidad de garantizar la protección a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el gobernador Gabino Cué Monteagudo, dio a conocer que este miércoles presentó a la LXII Legislatura del Congreso del Estado, la Iniciativa de la Ley contra la violencia y acoso entre iguales, cuyo objetivo será establecer las bases y procedimientos para la detección, prevención, asistencia y erradicación de la violencia y acoso escolar, mejor conocido como Bullying.
Para tal efecto y por instrucción del gobernador Gabino Cué, el consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Víctor Hugo Alejo Torres entregó este 4 de junio en la Oficialía Mayor de la LXII Legislatura del Congreso Local, la iniciativa de Ley contra la violencia y acoso entre iguales, para su análisis y aprobación en su caso.
El titular del Poder Ejecutivo señaló que esta iniciativa de Ley, dirigida a autoridades estatales, municipales, centros educativos públicos y privados, padres de familia, así como representantes legales, niños, niñas y adolescentes, busca actualizar y perfeccionar el cuerpo legal, a fin de acrecentar los cauces de la protección de las niñas, niños y jóvenes de Oaxaca.
“Se trata de un compromiso que no es exclusivo del Gobierno, sino un esfuerzo que demanda la colaboración de las y los maestros, los padres y madres de familia, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, para fomentar una cultura que prevenga, combata y corrija esta práctica lamentable que forma parte de un mal hábito de conducta en la población en edad escolar en los niveles de educación básica, media superior y superior”, puntualizó.
Este documento, establece en uno de sus puntos la capacitación al personal docente y de apoyo a la educación, a través de la implementación de un Plan Permanente de Formación a los trabajadores de la educación a cargo del Instituto Estatal de Educación Pública en el Estado, el cual estará enfocado al reconocimiento de situaciones de violencia y acoso, adoptándose medidas para realizar, impulsar y facilitar la formación de quienes atienden a niños, niñas y adolescentes en centros educativos públicos o privados y de servicios sociales.
También se contempla la obligación de todas las instituciones públicas, privadas o centros de atención a niños, niñas y adolescentes, de crear un Manual de Convivencia Escolar y de este modo establecer comités estudiantiles de mediación, integrados por estudiantes del mismo curso, quienes fungirán en el papel de amigables conciliadores entre quienes han desarrollado actitudes agresivas e intimidatorias.
Asimismo, cuando el personal de los centros educativos tenga fundadas sospechas de situaciones de violencia y acoso, deberán comunicarlo inmediatamente a su superior jerárquico, y en su caso, a la Procuraduría para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia.
De igual forma se prevé ofrecer orientación y capacitación a los padres de familia sobre la presente iniciativa de Ley, además de protocolos y estrategias para combatir la violencia y el acoso.
Esta iniciativa de Ley establece las características, los tipos y las causas generadoras de la violencia y acoso entre iguales, su detección y prevención, así como las infracciones, sanciones y medidas correctivas a quienes incurran en este acto.
Los recursos legales para las víctimas de violencia y acoso establecidas en este documento son el procedimiento preventivo y correctivo, medidas de protección al menor, procedimientos de conciliación, acciones delictivas y acciones civiles. Todo acto que atente contra la salud emocional, integridad física, mental, psicológica de las niñas, niños y adolescentes, se sancionará con multas equivalentes de hasta quinientas veces el salario mínimo general vigente en el Estado, así como trabajo comunitario en instituciones educativa, de asistencia social o en instituciones privadas asistenciales.
Cabe destacar que en casos de violencia física que dé lugar a tratamiento médico, hospitalario, quirúrgico o terapéutico, deberá ser corregido con la expulsión de la persona agresora. Asimismo, los padres del agresor deberán cubrir el costo de los tratamientos médicos, hospitalarios y terapéuticos.
En este sentido, Cué Monteagudo exhortó a la sociedad, para actuar de manera comprometida y frenar esta práctica que produce lesiones físicas y que deja profundas huellas en la psicología de quienes sufren esta forma de violencia.
