Aprueban ley de órganos reguladores energéticos; va al Ejecutivo

MVS/Foto Notimex

México, D. F., 01 de agosto de 2014.- La Cámara de Diputados reunida en periodo extraordinario, aprobó en lo general y lo particular, sin cambios con respecto al dictamen de las comisiones y la minuta previamente enviada por el Senado, la ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; así como la creación de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

En la sesión que arrancó alrededor de las 13:30 horas, después de poco más de 4 horas de posicionamientos, 13 mociones suspensivas y discursos a favor y en contra, se registró la votación general con 333 a favor, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción PAN, Partido Verde (PVEM) y el Partido Nueva Alianza (PANAL).

Hubo 125 votos en contra por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC).

Se presentaron 469 reservas referentes a dos temas: 203 sobre los órganos reguladores débiles y 266 para el rubro de medio ambiente y utilidad pública.

Luego de más de 10 horas de sesión, el proyecto se votó en lo particular con 334 votos a favor y 124 en contra. Debido a que no hubo cambios, será turnado directamente al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. Este es el primero y único de los 6 dictámenes elaborados por las comisiones, que no fue modificado por el Pleno.

En el transcurso de la reunión continuaron las protestas de la izquierda, que con cartelones frente a la Tribuna y en sus curules, se expresaron contra las leyes energéticas.

Llamó la atención el cartel colocado frente a los asientos petistas, en el que adaptaron un insulto en inglés, para referirse al tema del fracking o fractura hidráulica y que a la letra decía: “FRACK-U”.

De igual modo, el gobierno de Tabasco hizo llegar a la Cámara de Diputados un comunicado del gobernador Arturo Núñez, que llamó a los diputados y senadores de su entidad, a votar a favor “de la vertiente fiscal que representará mayores recursos para las entidades productoras de hidrocarburos”.

Asimismo, el diputado del tricolor, Samuel Gurrión, denunció en la tribuna que en su natal Oaxaca y a causa de su voto a favor del paquete de normas energéticas, un grupo de personas destrozó, saqueó e incendió sus oficinas. Tras repudiar la violencia, aseguró que no se detendrá. “No me importa compañeros, seguiré adelante en la aprobación de esta reforma”, declaró.

También destacó la reaparición en Tribuna de la diputada del PRD, Purificación Carpinteyro, luego de haberse excusado de la discusión en telecomunicaciones. La legisladora aprovechó su turno al micrófono para sentenciar que las privatizaciones no han tenido los efectos positivos prometidos y dejar en claro que repetir esa historia con los energéticos, es una “bestialidad”.

En medio de críticas de la izquierda hacia la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y sus sospechas de que será empleada para dar cargos a políticos del Verde y el PAN, la diputada perredista Delfina Guzmán ejemplificó el hecho.

Al subir a la Tribuna, llevaba consigo una caja de regalo, forrada de color verde y con un moño rojo y con la leyenda: “Para: PVEM. De: PRI”. Al extraer el contenido, mostró una banda con el nombre de la citada Agencia.

Prácticamente para cerrar el debate, el coordinador del Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Monreal, cuestionó por qué panistas, priístas y aliados festejaban el daño que la reforma y las leyes secundarias harán al país y a los ciudadanos, que deberán cargar con la deuda de la corrupción en PEMEX y CFE.

El diputado Fernando Zárate, del PRD, puso sobre la mesa un tema en el que prácticamente no se reparó durante todo el debate: la apertura energética nunca se asoció a asuntos de seguridad nacional, pese a que en el mundo hay ejemplos claros de lo que sucede cuando los hidrocarburos están en juego. Lo que pasa en Ucrania y Medio Oriente, sentenció, no es casualidad.

De manera previa, al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Energía, Marco Bernal, señaló que dichas instancias tendrán autonomía de gestión y contarán con consejos consultivos que les permitirán ejecutar sus labores.

Bernal Gutiérrez afirmó que ante el cambio de paradigma en el aprovechamiento de los recursos energéticos, indicó que el nuevo modelo de desarrollo y seguridad energética requiere de órganos reguladores autónomos y fuertes.

Aseveró que tendrán autonomía técnica y de gestión, también se crea el Consejo de Coordinación del Sector Energético; en tanto que la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial, contarán con mecanismos para actuar con transparencia, responderán a las normas contra la corrupción y tendrán auditorías.

Expuso que para evitar la judicialización de sus decisiones, se ha determinado que en casos de amparo no se admita la suspensión de actos de autoridad.

Añadió que cada órgano tendrá un consejo consultivo para regular su actividad, con el propósito de afianzar la rectoría del Estado sobre los energéticos.

Al presentar mociones suspensivas, legisladores del PRD y Movimiento Ciudadano, advirtieron sobre la debilidad de esos organismos y sentenciaron que están diseñados para pagar cuotas políticas y darles cargos a los aliados del Partido Verde y el PAN.

El diputado del PRD,  Roberto López Suárez, recalcó que dichas instancias no garantizan transparencia, los requisitos para elegir a sus consejeros consultivos son laxos e incluso abren la puerta a que participen representantes de las empresas privadas.

El congresista afirmó que en el debate energético “un fantasma”, el del ex Presidente Carlos Salinas, recorre San Lázaro. Asimismo, dejó en claro que en rechazo a la privatización del sector y la entrega de la soberanía nacional, los legisladores de izquierda aún tenían tiempo para tomar la Tribuna e impedir “el atraco”.

La perredista Graciela Saldaña advirtió que la Agencia Nacional de Seguridad Industrial duplica funciones con la Secretaría del Medio Ambiente (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); asimismo, pidió no pasar por alto que la Agencia, podrá entregar autorizaciones para desarrollar proyectos energéticos en áreas naturales protegidas.

La diputada del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, sentenció que los organismos reguladores lucen débiles, tienen mecanismos de regulación poco efectivos y no podrán controlar a las trasnacionales energéticas. Coincidió en que “hay fantasmas” rondando la Cámara y  en que los reguladores se usarán para que el PRI pague favores políticos al PAN y al Verde.

Su compañero de bancada, Carlos Augusto Morales, calificó a los órganos reguladores como “facilitadores” del despojo a los propietarios de las tierras.

El diputado del Movimiento Ciudadano (MC), José Antonio Hurtado, pidió suspender la discusión, porque se violó el procedimiento parlamentario, en tanto que los dictámenes no se realizaron en el Congreso, sino en la Presidencia de la República, con el fin de evitar modificaciones.

En respuesta, el diputado del PAN, Rubén Camarillo, tachó de “falacias” los argumentos de la izquierda, en cuanto a que la Comisión Nacional de Hidrocarburos permitirá a las empresas privadas apropiarse de información estratégica. “Qué equivocados están”, les dijo.

Subrayó que el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos resguardará la información, que por cierto no es de PEMEX sino de la Nación. “No es una ocurrencia, está en la Constitución”, refrendó.

“No hay tal condición de que la Comisión y el Centro de Información se vayan a convertir en el testaferro de las empresas privadas”, afirmó; mientras que la Agencia Nacional de Seguridad Nacional tampoco se utilizará para pagar ningún favor al Partido Verde, porque también fue impulsada por el albiazul, dijo.

Por el PRI, el diputado Francisco Astiazarán, señaló que la Secretaría de Energía (SENER), será la rectora del sector, pero los órganos reguladores velarán por la aplicación y cumplimiento de la normatividad.

En la ronda de posicionamientos  a favor y en contra, el diputado del PRD, Fernando Belaunzarán, dijo a priístas y panistas, que habría sido más honesto decir que el modelo energético para México no es el de Noruega o Brasil, sino el de Iraq después de la invasión de Estados Unidos.

Al dar lectura a los documentos básicos del PRI, referentes a que los energéticos deberán seguir bajo la rectoría del Estado, Belaunzarán Méndez también recordó que en el Pacto por México, el tricolor prometió “poner en orden” a los poderes fácticos, pero si no pudieron con los nacionales, menos lo harán con los extranjeros.

Ello equivale, sentenció, a “abrir la piscina a los tiburones con los niños chapoteando”.

Las leyes en análisis también implicarán que “a la fuerza” se les cobre a los mexicanos el costo de la impunidad, de modo que el PEMEXPROA, será “el crimen del siglo”, recalcó.

Al ser aludido, el diputado del PAN, Fernando Rodríguez Doval, aprovechó para reclamar que cuando el PAN fue gobierno, el PRI no quiso aprobar la reforma energética porque privilegio el cálculo político electoral. También reiteró que a su consideración, la consulta popular no será validada por la Suprema Corte.

Para defender los ordenamientos, el vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve, aseguró que su partido es congruente, impulsa un modelo energético mexicano, con carácter social, espíritu nacionalista  y con el propósito de beneficiar a la ciudadanía. Dijo que los cambios serán buenos para el país, que entrará en una etapa de desarrollo y modernidad, con sostenibilidad, competitividad, transparencia y eficiencia.

“Se trata de una reforma moderna e histórica, que propiciará el desarrollo de México”, apuntó.

Por Movimiento Ciudadano (MC), la diputada Luisa Alcalde advirtió que los órganos reguladores abren la puerta a que sus consejos consultivos se integren con funcionarios de las empresas “que nos comerán vivos”.

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Manuel Huerta, dijo que al capítulo de la ley sobre los órganos reguladores, ya se le conoce como el de “la ley de las pagas”, donde los representantes del Verde y el PAN, “quieren quedarse con el huesito y su carnita”.

En una larga intervención en la que admitió al menos cuatro preguntas, el diputado del PAN, Juan Bueno, explicó que los órganos reguladores ordenarán el sector energético, pero admitió que esas instancias se deben fortalecer para evitar “que los pulpos de la energía nos coman vivos”

Recalcó que el PAN pidió que fueran autónomos, aunque al final aceptó que estuvieran “coordinados” con el Gobierno Federal, por lo que se admitió que sus 7 comisionados sean nombrados por el Presidente de la República.

Cuestionado por el diputado del PRD, Fernando Zárate, sobre la necesidad de reforzar las capacidades de los reguladores, Bueno Torio señaló que la normatividad en la materia ha ido mejorando cada vez que ocurren accidentes y para dar pasos adelante, la Agencia de Seguridad podrá aplicar sanciones severas, que harán a las empresas privadas “estar en regla y ceñirse a la ley”.

Reconoció que los agentes privados tienen muy buenos abogados, pero deberán cumplir la normatividad mexicana e incluso, se les obligará a tramitar un Registro Federal de Causantes nacional.

La diputada del PRD, Graciela Saldaña, indicó que si bien habrá sanciones, no hay elementos para resarcir el daño ambiental y preguntó al panista si conoce un solo caso de algún condenado por cometer crímenes ambientales.

El legislador admitió que la Agencia duplica funciones con SEMARNAT y PROFEPA, que no conoce ningún episodio de alguien en prisión por dañar el medio ambiente y que hay incidentes de tal magnitud que no se pueden remediar con el pago de multas. No obstante, en la ley se prevén sanciones que en parte, cubrirán las afectaciones, dijo.

La petista Lilia Aguilar también le cuestionó qué organismo evitará y hará frente ante los abusos de las empresas privadas, por ejemplo, en los cobros de electricidad. Bueno Torio respondió que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se encargará de regular las tarifas con criterio de eficiencia, no recaudatorio.

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