Se pronuncia Woldenberg contra geolocalización de Leyes Telecom

*José Woldenberg, advirtió que aquellas personas, centros de trabajo o funcionarios que discriminen a sus empleados o trabajadores por cuestión de su filiación política, pueden y deben ser sancionados

 MVS

México, D.F., 03 de septiembre del 2014.- El ex presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, lamentó que los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones no contemplen la autorización judicial para que las autoridades federal en materia de seguridad pública intervengan las comunicaciones privadas de los ciudadanos.

Durante su participación en el Cuarto Seminario Internacional sobre Transparencia Judicial 2014, Woldenberg Karakowsky agregó que “no le gustó” la redacción de ambos artículos en la que se faculta a las autoridades ministeriales y policiales para localizar geográficamente y en tiempo real a todos los usuarios de dispositivos móviles cómo teléfonos celulares y tabletas electrónicas, facultad conocida como “geolocalización”.

De igual forma, se autoriza a las autoridades para guardar hasta por un periodo de dos años la información de los usuarios de servicios en materia de telecomunicaciones, previa solicitud a la compañía operadora del servicio, pero sin que se requiera la autorización de un juez o magistrado.

“Quiero decir que a mí tampoco me gusta la disposición que establece sin pasar por la autorización de un juez, una autoridad pueda solicitarle a los operadores de la telefonía el conocimiento del lugar en el que se encuentra el aparato telefónico, yo creo que  la legislación debió establecer como requisito previo, que sólo mediante autorización judicial esto se podía llevar a cabo”, puntualizó.

En este marco, el ex consejero José Woldenberg defendió la decisión del IFE de dar a conocer el padrón total de militantes que tiene cada uno de los partidos políticos, debido a que se trata de instituciones que reciben recursos públicos y a que dichos institutos también tienen obligaciones  constitucionales.

En este sentido, advirtió que aquellas personas, centros de trabajo o funcionarios que discriminen a sus empleados o trabajadores por cuestión de su filiación política, pueden y deben ser sancionados  de manera penal y administrativa, por lo que descartó que la publicidad de los afiliados a un partido político sea violatorio de la privacidad de datos personales.

Por su parte, el comisionado del IFAI, Francisco Javier Acuña, advirtió que con las leyes de transparencia aprobadas en mayo pasado, ese organismo va a poder revisar las cuestiones administrativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como son salarios y contratos, por lo que pidió a los legisladores que aprueben leyes generales “consecuentes” para evitar conflictos entre instituciones de primer orden como el propio IFAI y el Máximo Tribunal del país.

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