Ofrece México castigo en casos Tlatlaya y Ayotzinapa

Comunicado

México, D.F., 30 de octubre del 2014.-El Estado mexicano no descansará hasta aclarar los hechos de Tlatlaya y Ayotzinapa, castigar a los responsables y atender de manera integral a todas las víctimas, ofreció Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación.

En un discurso que pronunció hoy en Washington D.C., ante los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, durante el 153 Periodo Ordinario de Sesiones de ese organismo, la funcionaria hizo un reconocimiento explícito sobre la gravedad de los hechos.

Señaló que “en ningún momento se pretende minimizar la gravedad de lo ocurrido en estos dos municipios; por el contrario, se asume con toda responsabilidad el derecho a la verdad y a justicia que al Estado mexicano le impone tanto su marco jurídico como su convicción”.

En una nota informativa que dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre este tema, la subsecretaria Lía Limón -quien encabeza la delegación mexicana- aclaró que los lamentables casos de Tlatlaya y Ayotzinapa, ocurrieron después de la fecha en que México solicitó esta audiencia.

Y aunque el tema central de la visita era dar a conocer el programa Nacional de Derechos Humanos, se habla del tema, porque “nuestro país está viviendo un momento que pone a prueba nuestros avances normativos”.

En ambos casos, el Estado mexicano “ha manifestado su compromiso con una investigación en el ámbito de la justicia civil de manera diligente, objetiva e imparcial” para sancionar a los responsables en pleno respeto a los derechos humanos.

Aprovechó para solicitar la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para lograr este objetivo y “esperamos definir sus términos a la brevedad”.

Reconoció que se deben redoblar los esfuerzos para asegurar que el estado de derecho impere en el territorio nacional.

Sobre el mismo tema, Juan Manuel Gómez Robledo, señaló que México enfrenta desafíos en este ámbito y negó que exista una política de Estado de violación a los derechos humanos.

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