Revelan vínculos de ‘Guerreros Unidos’ con 13 policías de Guerrero y Edomex

MVS

Oaxaca, Oax., 20 de octubre del 2014.- La Policía Federal apoyada por el Ejército Mexicano asumirá las labores de seguridad pública en 12 municipios de Guerrero y uno más del Estado de México, tras descubrir que elementos de esas 13 policías municipales, están presuntamente vinculadas con el grupo delictivo “Guerreros Unidos”, al que se responsabiliza de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, informó el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido García.

Acompañado por el Procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, y el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, Rubido García también reveló que el encargado de despacho en la alcaldía municipal de Iguala, el síndico Óscar Antonio Chávez Pineda, fue detenido por elementos de esa dependencia y trasladado a la Ciudad de México, con el propósito de que declare en calidad de presentado ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Rubido García explicó que en el caso de las 13 policías municipales intervenidas, se trata de corporaciones en las que se detectaron graves irregularidades en su operación, por lo que todos sus elementos fueron desarmados y puestos a disposición de la Sexta Región Militar con sede en el estado de Tlaxcala para que se les practiquen exámenes de control de confianza.

“Derivada de la investigación, se han identificado situaciones irregulares en algunas corporaciones de seguridad municipal en las regiones Norte y Tierra Caliente de Guerrero, así como en el municipio limítrofe de Ixtapan de la Sal, ya en el Estado de México, lo que permite presumir nexos entre elementos de seguridad pública de dicho orden y miembros de la delincuencia organizada”, puntualizó Rubido García.

La medida abarca los municipios de Apaxtla, Arcelia, Buenavista de Cuéllar, Coyuca de Catalán, General Canuto Neri, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Pungarabato, Pilcaya, San Miguel Totolapan, Taxco de Alarcón, Teloloapan y Tlapehuala  en Guerrero, así como la alcaldía de Ixtapan de la Sal, en el Estado de México.

Agregó que las armas incautadas a todos esos policías municipales, fueron puestas a disposición de la PGR para realizarles peritajes que permitan descartar su posible uso en hechos delictivos, además de que se va a revisar si las mismas cumplen con lo marcado en las licencias colectivas que expide la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En este marco, el Comisionado Nacional de Seguridad reveló que el gobierno de México hizo una petición de asistencia técnica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para cumplir con las medidas cautelares o de protección que el Estado mexicano debe ofrecer a las familias de las víctimas y a los estudiantes normalistas que sobrevivieron a estos hechos.

Dijo que una media adicional que se tomó por parte de la PGR para garantizar el apoyo a las víctimas y sus familias, es acreditar a sus abogados y representantes legales con el propósito de que tengan acceso pleno al expediente del caso, lo que ayudara a la coadyuvancia que marca la Ley de Víctimas para este tipo de casos.

Por último, reconoció que a 23 días de que fueran secuestrados los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, todavía no se tiene el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos, a pesar de que las fuerzas federales han realizado 500 recorridos y 70 vuelos de reconocimiento en Iguala y municipios aledaños.

El despliegue en el estado de Guerrero de 16 equipos de inteligencia, 16 binomios caninos, 17 helicópteros, tres aeronaves de reconocimiento, una brigada de seis buzos y cuatro laboratorios móviles tampoco ha servido para localizar a los normalistas desaparecidos.

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