Comparecen especialistas ante Comisión de Derechos Humanos del Senado

Notimex

México, DF., 24 de febrero de 2015.- Aspirantes al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) coincidieron en la necesidad de fortalecer a esta institución, a fin de que México logre superar la compleja situación que enfrenta actualmente.

La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, explicó que dicha comparecencia deriva de la renuncia del consejero Alfredo Achar Tussie, por motivos personales.

Durante su participación, el doctor Luis de la Barreda Solórzano, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, precisó que los miembros del Consejo deben formular con concisión sus sugerencias para la mejora continua de la Comisión y actualizar sus conocimientos de la cultura universal y no solo en derechos humanos.

Sobre el caso Tlatlaya, destacó que la CNDH adelantó su juicio y emitió una opinión previa al término de una investigación exhaustiva.

La recomendación, agregó, estuvo bien formulada en el sentido de que deben deslindarse responsabilidades y resaltó la importancia de que todos los organismos públicos valoren, respeten y respalden el trabajo del ombudsman.

Indicó que adelantar un juicio por un organismo que no tiene como función velar por los derechos humanos, conocer de quejas e investigarlas, como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), no ayuda sino que perjudica el trabajo de la Comisión.

El IFAI posee funciones que tienen que ver con la transparencia y el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pero no sobre violaciones a los derechos humanos, agregó.

En su turno, el doctor Erasmo Adolfo Sáenz Carrete, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana apuntó que México vive una crisis grave de derechos humanos.

Recalcó la existencia de más de 160 mil personas desplazadas en Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Guerrero Michoacán y Sinaloa.

En materia de secuestros, apuntó lo dicho por la organización Alto al Secuestro respecto a que hay más de cinco mil 444 denuncias, por tal motivo, el Consejo podría ser caja de resonancia que oriente las acciones de la CNDH, expresó.

Sobre el caso de San Fernando, el doctor subrayó la dilación e investigación a destiempo. Los secuestros de migrantes, dijo, requieren una inmediata investigación, pues de no ser así se pierde un tiempo básico para la CNDH.

A la pregunta de la senadora Arely Gómez, respecto al momento de declive de la Comisión, destacó que esto se generó cuando los titulares de las comisiones utilizaron el cargo como trampolín para diversos encargos y no se le dio continuidad al trabajo que se venía realizando cuando se dio la reelección.

La recomendación es reestructurar la Comisión para que no sea más un elefante blanco.

A su vez, Francisco Fernando Pimentel González, asesor en la Procuraduría General de la República, resaltó la importancia de la Comisión, ante la obligación del Estado en la lucha contra la impunidad, mediante la investigación a la violación de los derechos humanos, sanción a los responsables y reparación del daño a las víctimas.

Por su parte, Fernando Soto Cruz, dramaturgo en temas de exclusión social y promotor de la defensa de los derechos humanos de la infancia, apuntó la necesidad de reconocer la desaparición forzada como una transgresión a la paz nacional.

Por tanto, apuntó, es necesario que cada entidad federativa cuente con una oficina especial de búsqueda de personas desaparecidas, con apoyo especial a grupos vulnerables como las etnias.

Además, dijo, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) debe contar con facultades para concentrar información sobre la localización de cadáveres o de personas vivas, registro de ADN de víctimas, así como de denuncias sobre personas desaparecidas y fosas clandestinas localizadas.

En tanto, la doctora María Elena Morera Mitre, presidenta de México Unido Contra la Delincuencia, expuso que para restablecer las garantías, el Consejo Consultivo debe trabajar en tres ejes fundamentales: generación de indicadores sobre la real satisfacción a las víctimas; recobrar la confianza ciudadana; y acompañar a la CNDH en la toma de decisiones complejas.

Apuntó que si bien actualmente la CNDH realiza estadísticas sobre casos atendidos y número de recomendaciones emitidas, no contempla indicadores de desempeño que permitan saber si las víctimas quedaron satisfechas con esa atención, o si se pudo llegar más lejos.

La luchadora social apuntó que del presupuesto de mil 400 millones, la mayor parte se destina a capacitación del personal de la misma CNDH o de ONG’s; pero consideró necesario asignar mayores recursos a la contratación de abogados para las víctimas, a la par de promover el trabajo social en universidades.

Propuso además establecer el sistema de pro bono entre los grandes bufetes para que atiendan uno o dos casos al año y esto favorezca su reputación.

En su turno, Mónica González Contró, máster en derechos de la infancia y adolescencia por la Universidad Autónoma de Madrid coincidió en que el Consejo debe contar con mayor fortaleza y ello implica una visión crítica y un contrapeso.

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