Presentan iniciativa para evitar solicitud de antecedentes no penales

Notimex

México, 17 de marzo de 2015.- Senadoras del PRI presentaron una iniciativa para reformar el Artículo 23 constitucional, para evitar que se solicite la carta de no antecedentes penales como requisito para obtener un empleo, a fin de que las ciudadanas y ciudadanos en un proceso judicial consigan un trabajo digno.

En un comunicado, se precisó que el proyecto es para cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, así como cualquier persona física o moral.

La propuesta legislativa la presentaron las senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Gastélum Bajo, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Leticia Herrera Ale e Itzel Saraí Ríos de la Mora.

Argumentaron que eliminar este requisito representa una pieza clave para lograr la reinserción social, pues una vez que la persona cumple con la pena impuesta por la autoridad jurisdiccional es necesario generar las condiciones para que pueda reinsertarse efectivamente a la sociedad en libertad.

Las senadoras destacaron que uno de los mayores obstáculos que enfrentan las personas que han cometido algún acto tipificado por la ley penal, como delito, es la exigencia de muchas y muchos empleadores de contar con una “carta de no antecedentes penales”.

Dicho requisito es discriminatorio y viola los objetivos de la reforma penal aprobada en 2008, por lo que indicaron que en la propuesta se incluye la posibilidad de brindar esta información, únicamente respecto de delitos graves o en los casos establecidos por la ley.

Por ejemplo, en casos de reincidencia o cuando alguna autoridad la requiera para el cumplimiento de sus funciones, expusieron las legisladoras.

De ahí, la importancia de reformar el Artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indica que la información relativa a los antecedentes penales sólo se podrá extender por la autoridad responsable para fines de investigación criminal o por requerimiento de autoridad judicial.

La autoridad responsable podrá otorgar dicha información a los particulares o a las autoridades administrativas, únicamente cuando se trate de delitos graves y en los casos que determina la ley, respetando en todo momento la protección de datos personales, manifestaron las senadoras priistas.

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