Ahora le toca a Oaxaca aprobar Sistema Nacional Anticorrupción

Jaime Guerrero

Oaxaca, Oax., 30 de abril de 2015.- Literal, el Congreso del Estado tiene en sus manos una papa caliente, tras la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción el pasado 21 de abril, el Congreso de la Unión envió a la Sexagésima Segunda Legislatura la minuta con proyecto de decreto que crea ese organismo en el país y ahora tocará al Poder Legislativo de Oaxaca hacer lo propio.

Este miércoles durante la sesión de la diputación permanente se notificó de la llegada de la minuta con proyecto de decreto que servirá para hacer una refundación y replanteamiento de facultades, funciones y atribuciones de la Auditoría Superior del Estado y la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (Cotaipo).

En medio de presuntos actos de corrupción y malversación de recursos en la administración del gobernador, Gabino Cué Monteagudo; el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Congreso del Estado, Adolfo Toledo Infanzón, dijo que el Congreso tiene varios retos.

El primero es aprobar el dictamen que ya aprobó el Congreso de la Unión en materia de Ley Anticorrupción, y por otra parte, replantear el papel de la Auditoría Superior del Estado y la Comisión de Transparencia, para que sean acordes y coincidentes con el propósito de la reforma constitucional federal.

Refirió que a la fecha tres congresos locales han aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción, el Congreso de Hidalgo, el Estado de México y el de Chiapas.

“El Congreso de Oaxaca recibió hace dos días el dictamen, es fundamental que podamos revisarlo, esto traerá como consecuencias que haya una legislación federal que se aplique en Oaxaca, y de qué manera la Auditoría Superior del Estado y la Comisión de Acceso a la Información puedan adecuarse y ser congruentes con lo que se aprueba a nivel federal”, señaló Toledo Infanzón.

Entre los puntos clave del Sistema Nacional Anticorrupción destaca que se otorga a la Auditoría Superior de la Federación, la facultad de realizar auditorías en tiempo real, es decir, durante el ejercicio fiscal en curso, derivado de denuncias para investigar y sancionar de manera oportuna posibles actos irregulares.

También podrá hacer auditorias sobre presuntos actos irregulares cometidos en ejercicios fiscales anteriores, se propone ampliar el plazo de prescripción de siete años por las faltas administrativas graves, con lo cual se pretende que la prescripción sea transexenal.

Contra el conflicto de intereses, las y los servidores públicos deberán presentar de manera obligatoria, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes, sin embargo aún queda pendiente el nombramiento del secretario de la Función Pública, quien sería ratificado por el Senado, con la intención de que quien ostente el cargo obedezca a intereses general con absoluta imparcialidad.

 

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