‘Empleo Temporal’ opera para el PRI: Carol Altamirano

Jaime Guerrero

Oaxaca, Oax., 29 de abril de 2015.- El diputado federal y dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carol Antonio Altamirano denunció que en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) del gobierno federal, opera el programa de Empleo Temporal para dar de alta a la estructura electoral del PRI en Oaxaca, pagando un mil 200 pesos por persona beneficiaria.

De acuerdo al dirigente partidista, en Michoacán y Veracruz, la operación política-electoral de la Sedesol es innegable en beneficio del PRI y de sus candidatas o candidatos; en el caso de Oaxaca, Antonio Altamirano refirió que la operadora de esa estrategia es Zory Marystel Ziga, titular de la subdelegación de Desarrollo Social y Humano.

El líder del PRD en Oaxaca demandó hacer público y auditar el padrón del programa Empleo Temporal, para constatar los nombres y las pruebas, además recordó que la meta anunciada por el presidente, Enrique Peña Nieto para el programa Empleo Temporal son 300 mil familias con un costo superior a los 500 millones de pesos.

Sospechó que esa es la estructura temporal que movilizará el PRI el próximo 7 de junio, y quien opera esos recursos es la delegación de la Sedesol en Oaxaca, que se ha convertido en la oficina pagadora, los mapaches del PRI, dijo.

Citó como ejemplo, que la subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional está dirigida por Juan Carlos Lastiri Quirós, quien ha fungido como presidente municipal, diputado local y federal del PRI.

Antonio Altamirano dijo que Javier Guerrero, como subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio en la Sedesol, tuvo acceso a la operación territorial, ahora dijo, “realiza funciones partidistas como secretario regional del PRI en Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala.

El dirigente del PRD aseguró que hay una operación generalizada de la Sedesol a favor del PRI y de sus contendientes; pidió entonces la renuncia de la titular de la Sedesol, Rosario Robles Berlanga, por presuntamente avalar el uso de los programas sociales con fines electorales a favor del PRI.

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