México externa desacuerdo sobre informe de tortura de relator de ONU

Notimex

México, 2 de abril de 2015.- El gobierno de México externó oportunamente su decepción, inconformidad y total desacuerdo de la aseveración contenida en el informe elaborado por el relator especial Juan Méndez, según la cual “la tortura y los malos tratos son generalizados en el País”.

El representante permanente de México ante las Naciones Unidos, Jorge Lomónaco Tonda, envió una misiva al embajador presidente del Consejo de Derechos Humanos, Joachim Rücker, en la que argumentó que afirmar que la tortura en México es generalizada carece de fundamento.

Tal afirmación, abundó, supondría alcanzar un umbral numérico, algo que en este caso no fue debidamente documentado y únicamente se proporcionó la información específica sobre 14 casos.

Además, dijo, el relator reconoció ante el Consejo que la metodología utilizada para llegar a dichas conclusiones es “rudimentaria e insatisfactoria en varios niveles”.

De ahí que, comentó, dichas afirmaciones contravienen, sin duda alguna, el espíritu del papel que desempeñan los procedimientos especiales, tal y como se desprende del Código de Conducta para los Titulares de Mandatos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.

Específicamente, precisó, el Artículo 13, el cual establece que en el contexto de las visitas a países, los procedimientos especiales tienen que asegurarse que cualquier declaración sobre la situación de los derechos humanos en el país “puedan promover un diálogo constructivo entre los interesados, así como la cooperación en la promoción y protección en la materia”.

El artículo también requiere a los titulares de mandato que, “al expresar sus opiniones ponderadas, particularmente en sus declaraciones públicas sobre denuncias de violaciones de derechos humanos, deben indicar también con imparcialidad las respuestas proporcionadas por el Estado de que se trate”.

Además, en la carta señaló que México considera que el relator especial para la Tortura también contraviene esta obligación al realizar múltiples declaraciones públicas, muchas de las cuales se hicieron a los medios de comunicación, al tratar de justificar la terminología utilizada en el informe.

Al hacer esto, resaltó, el relator omitió mencionar la postura que el gobierno de México, de manera repetida y directa, expresó al respecto.

El informe, enfatizó, no hace referencia a acto alguno de “brutalidad” cometido contra niñas o niños durante su detención, tampoco se acredita la tortura por lo que corresponde a la estación migratoria visitada por el relator.

En este sentido, comentó, el interés del gobierno mexicano por recibir información relativa a los casos de tortura registrados por el relator durante su visita cumple un doble propósito.

El primero, refiere, para acreditar de manera correcta estos casos; el segundo, para asegurar su adecuado seguimiento y solución.

De ahí que, subrayó, preocupa especialmente el hecho que se mencione la tortura contra menores sin que se compartiera con el Estado la información correspondiente.

Jorge Lamónaco destacó en la carta que pocos países como México demostraron el compromiso y apertura a la cooperación con el sistema universal y regional de protección de los derechos humanos.

De ahí que “el gobierno de México desea dejar constancia de su profunda decepción por el hecho de que un ejercicio de cooperación que debería caracterizarse por un diálogo constructivo basado en la confianza mutua, quedó reducido a señalamientos que carecen de fundamento”.

No obstante, reafirma el “pleno compromiso de México de continuar su labor para erradicar la tortura, como parte de una política general de promoción y protección de todos los derechos humanos”.

Asimismo, resaltó que el gobierno de México valora positivamente la visita del relator especial, Juan Méndez, así como las recomendaciones que contiene su informe presentado ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reunido en su 28 sesión ordinaria el 9 de marzo pasado.

En ese contexto, señaló que el gobierno mexicano está convencido que un diálogo constructivo con el relator no puede sino contribuir al fortalecimiento del marco jurídico e institucional de México.

Ello, agregó, reafirman la posición expresada tanto en la presentación de las conclusiones preliminares al final de la visita en la ciudad de México, como durante la presentación del Informe ante el Consejo de Derechos Humanos en su sesión de marzo.

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