Crimen organizado intervino desde el principio en caso Ayotzinapa: CDHEG

MVS

Oaxaca, Oax., 19 de noviembre de 2015.- La Comisión Especial de seguimiento al caso Ayotzinapa, en la Cámara de Diputados, recibió al titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Ramón Navarrete Magdaleno, quien habló de la intervención de esa institución en torno a la desaparición de los estudiantes normalistas, ejecutada en septiembre del 2014.

Señaló que los días de los hechos y en fechas posteriores, la instancia a su cargo se encontró con distintos obstáculos para actuar, como un bloqueo carretero el mismo día de la desaparición de los estudiantes, la negativa del Ejército a ingresar a sus instalaciones, una actuación tardía de las policías estatal y Federal e incluso, la protección de grupos de transportistas y taxistas a los elementos policíacos municipales que se sabe, estaban coludidos con la delincuencia organizada.

El funcionario local recalcó que desde los primeros momentos de la intervención del organismo a su cargo, éste se pudo percatar que en la desaparición de los normalistas, estaba involucrada la criminalidad organizada.

Planteó que la CDHEG recibió noticias sobre lo ocurrido alrededor de las 21:30 horas del 26 de septiembre y salió de sus instalaciones en Chilpancingo hacia Iguala, una hora después, a las 22:30 horas. Sin embargo, en el intento de llegar encontró un bloqueo carretero y ello provocó que los enviados se retrasaran hasta pasadas las 03:00 horas.

Hizo notar que en la información sobre el caso, no se ha tratado un elemento que la Comisión vivió directamente: en el traslado hacia Iguala, el personal del organismo autónomo se topó con un bloqueo carretero en la zona de Mezcala, donde un tráiler atravesado en la vialidad retrasó el paso.

Allí, dijo, se pudo observar a una mujer con heridas de bala que bajaba de su auto y a otra persona tendida a un lado de la carretera,  lo que hizo pensar que el asunto no era un mero enfrentamiento entre normalistas y policías municipales, sino que la delincuencia organizada estaba involucrada.

“En un trayecto de aproximadamente 34 kilómetros –a las 23:30 horas-, en una comunidad de nombre Mezcala, nos encontramos un tráiler atravesado en la carretera que nos impedía continuar nuestro traslado. El escenario ya parecía difícil, había una señora con heridas de arma de fuego bajando de su auto y otra persona tirada a un costado de la carretera, que finalmente reconocimos como un agente del ministerio público”, detalló.

“Ahí advertimos que el asunto no era muy común, no era un simple enfrentamiento entre estudiantes y miembros de la policía municipal de Iguala. Ya nos daba la pauta a pensar en algo más fuerte, más serio, y con una participación de la delincuencia organizada por el tipo de bloqueos que nos pusieron”, insistió.

“Previo al acontecimiento de Iguala ya habíamos tenido varias quejas ´por los abusos de la policía preventiva de Iguala, incluso desapariciones, estábamos en la investigación de varios casos, y es público en la sociedad dónde se mueven los grupos delincuenciales y en Iguala teníamos un incremento en las quejas por desapariciones forzadas, ya se advertía ese escenario, y lo que se puede ver todavía, las cosas no son muy distintas”, reiteró.

Añadió que al llegar al lugar de los hechos, los integrantes de la CDHEG encontraron un ambiente tenso y de inseguridad, ya no había presencia policíaca, la gente estaba escondida en sus casas y en la calle había casquillos de bala; aunado a que de manera “estratégica”, no había luces en las calles.

Expuso que se dirigieron a la sede de la Fiscalía del Estado, a fin de verificar que los jóvenes ofrecieran su testimonio sin presión y sin sufrir mayores agresiones.

Ante los señalamientos de que había más de 70 desaparecidos, indicó que con el paso del tiempo la lista se redujo a 43, pues algunos jóvenes lograron esconderse en casas cercanas, automóviles, zonas baldías y donde pudieron.

Refrendó que esa noche, hubo más de 20 policías municipales detenidos en el cuartel de la policía estatal, cuyo traslado a Chilpancingo para que rindieran su declaración e iniciar las averiguaciones previas correspondientes, fue impedido por un gran número de taxistas, conductores de combis y de transporte concesionado que bloquearon el paso.

Dicha actitud, apuntó, se atribuye a la estrecha relación de los transportistas con los elementos policíacos, que a su vez estaban coordinados con grupos de la delincuencia organizada.

Añadió que después de los hechos, la Comisión se dio a la tarea de buscar físicamente a los jóvenes en comunidades y municipios cercanos a Iguala.

En dicha búsqueda, pormenorizó, se encontraron una serie de fosas en un cerro cercano, pero la diligencia fue complicada porque había llovido. En ese caso, se concluyó que los restos de las personas enterradas en dichos sitios difícilmente podrían haber sido trasladados en tales condiciones, por lo que se pensó que llegaron al lugar con vida y ahí fueron asesinadas.

Expresó que tras los sucesos del año pasado, en Iguala ni en Guerrero hay paz, por el contrario, persisten actos violentos que se ejercen del lado de la delincuencia organizada, de las propias autoridades que han reaccionado ante las protestas de los ciudadanos, y de los propios inconformes que han cometido actos vandálicos  cuestionables y condenables.

Agregó que durante los sucesos, la Comisión no vio interés suficiente de la policía en Guerrero ni la Policía Federal para actuar ante la agresión a los normalistas, pues su reacción fue tardía. También advirtió que los sucesos violentos en Guerrero no cesan y la situación no mejora.

Expresó que al acudir a las instalaciones del batallón militar ubicado en las cercanías de Iguala, el comandante a cargo les impidió la entrada al lugar e indicó que el Ejército no detiene civiles, solo presta auxilio ante el llamado de autoridades civiles y como no tienen  separos, no era posible autorizarles el acceso.

En ese punto, aclaró que la Comisión no encontró elementos que le permitan afirmar que los militares participaron en la desaparición de los estudiantes.

Narró que al entrevistar a los jóvenes sobrevivientes, por temor, éstos brindaron nombres distintos a los reales y ficticios, a fin de no hacerse visibles, pero ello también dificultó la búsqueda y el seguimiento al caso, pues al no contar con datos ciertos, difícilmente se podrían identificar como víctimas.

Subrayó que en el caso Ayotzinapa, todas las autoridades que intervinieron se vieron rebasadas por los sucesos, aunado a que los elementos municipales estaban coludidos con la delincuencia. Incluso, en horas posteriores a la desaparición, se localizaron patrullas de la policía clonadas; y se vio “total ausencia” de la Policía Federal y elementos ministeriales la madrugada de la agresión.

Por la dificultad del caso y la complejidad del mismo, en octubre de 2014 se entregó la investigación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); sin embargo, se mantuvo abierto el expediente, a fin de revisar la intervención de grupos como la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG). Los maestros, dijo, asumieron una postura de rechazo y confrontación con ellos.

Remarcó que cuando la Procuraduría General de la República (PGR) intervino en la búsqueda de los estudiantes, se utilizaron recursos tecnológicos y humanos, e incluso se atendió a llamados de la población y hasta “rumores”, para tratar de localizar a los desaparecidos. Sin embargo, el esfuerzo fue infructuoso, reconoció.

La instancia a su cargo, abundó, emitió recomendaciones y medidas cautelares a nivel municipal y estatal, para reforzar la búsqueda de los normalistas de Ayotzinapa.

Asimismo, se revisaron todos los indicios posibles, se buscaron señales en bardas, paredes, se acudió a los centros de detención y se visitó el cuartel del Ejército destacado en la zona de Iguala.

Insistió en que la CDHEG sigue haciendo su trabajo, incluso, intervino recientemente en el caso de la toma de un camión de doble remolque cargado de combustible, que los normalistas intentaron tomar y que generó un enfrentamiento con las fuerzas policíacas. Al recibir a los jóvenes en sus instalaciones, se corroboró que 9 de ellos recibieron heridas, algunos reportaron fracturas y tras auxiliarlos para obtener ayuda médica, fueron transportados a la Normal Rural.

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