‘Hijos de la Luna’ evidencia omisiones del Estado en investigación

 

Patricia Briseño

Oaxaca, Oax., 11 de noviembre de 2015.- El defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, responsabilizó  al Estado por omisiones en la investigación de los presuntos casos de abuso sexual cometidos contra niñas, niños y adolescentes albergados en la Casa Hogar “Hijos de la Luna”,  ubicada en la colonia Guadalupe Victoria, antes de su aseguramiento por la Fiscalía General de Oaxaca.

En el posicionamiento que ayer  presentó en la sesión pública del Consejo Ciudadano de la Defensoría, el ombudsman local sostuvo “en este caso se evidencia una omisión muy importante por parte del Estado y se abre la oportunidad para investigar cada uno de los albergues que funcionan en el estado  proporcionando cuidados alternativos”.

Urgió al Gobierno del Estado, instruya a sus dependencias, para que realice una investigación profunda en los albergues que funcionan con presupuesto público o con algún tipo de subrogación gubernamental.

Agregó que respecto al caso específico de la casa  “Hijos de la Luna” es muy importante esclarecer lo sucedido, por lo cual la Defensoría incluso considera elaborar un informe especial sobre cuáles son los criterios para asignar un permiso a los particulares que tienen subrogados este tipo de albergues.

“A partir del estado físico, y anímico,  de los menores de edad, era evidente que presentaban síntomas de infecciones genitales, “probablemente de transmisión sexual”.

Resumió que durante la inspección de la Defensoría a este sitio, actualmente resguardado por la Fiscalía General y cuatro personas presas, fue evidente la condición de  insalubridad y el alto grado de agravio a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Aseguró que cuentan con reportes que indican que dentro de la casa hogar, fundada por  María del Socorro Ramírez González en 2001, hoy bajo proceso, “también se cometieron actos zoofílicos”.

Asimismo, dijo,  se solicitó al fiscal general, Héctor Carrillo Ruiz, informe a la DDHPO lo relacionado al operativo del 8 de octubre del presente año en que se rescató a las niñas, los niños y adolescentes alojados en dicho albergue, sus procesos de reintegración y el seguimiento a las medidas del organismo defensor en contra de la Procuraduría para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, la Secretaría de Salud, la Dirección de los Servicios de Salud delEestado y el Instituto Estatal de Protección Civil.

Peimbert Calvo explicó que es necesario saber cuáles son los mecanismos que omitieron supervisar las autoridades en el caso “Hijos de la Luna”, y puntualizó que el organismo defensor buscará vías  para coadyuvar en la investigación y mantenerse vigilante del curso de la misma, con el fin de proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

El defensor del pueblo reconoció el trabajo de la Coordinación General de Fortalecimiento a la Cultura de los Derechos Humanos  y de la Defensoría Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes, pues hizo posible identificar las posibles violaciones a los derechos de las y los menores de edad involucrados y visibilizarlas ante las autoridades competentes.

Añadió que la Defensoría de los Derechos Humanos intervino en el caso desde noviembre de 2014, mientras que en febrero de 2015 el organismo emitió medidas cautelares dirigidas a la Fiscalía General del Justicia del Estado para que realizara las acciones necesarias para salvaguardar los derechos de las niñas, los niños y adolescentes.

Durante la sesión pública del Consejo Ciudadano de la Defensoría, las consejeras ciudadanas Martha Julia Avendaño Córdova y Sara Pilar Méndez Morales, así como los consejeros Héctor Lorenzo Estrada, José Bernardo Rodríguez Alamilla y Pedro Matías Arrazola externaron su preocupación por el caso.

El consejero Rodríguez Alamilla manifestó que en los hechos cometidos por los administradores de la casa hogar tienen corresponsabilidad las autoridades que debieron prevenir estos, como el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF), la Procuraduría para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, así como las autoridades que emitieron los permisos para que este albergue fuera instalado y que no verificaron su buen funcionamiento.

 

 

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